La Selección Española saltó a la cancha a jugar su mejor futbol, derrochando clase, coraje y temple. La Selección Argentina, en cambio, salió a no perder —y a repartir leña—, aferrada a la esperanza de irse a los penaltis o quizá ganar por un gol gracias a una sola jugada magistral o afortunada. Fue vencida por un equipo muy superior: el 1-0 no refleja la diferencia abismal entre ambas selecciones.
Lo peor de la Albiceleste no fue el partido jugado con claro complejo de inferioridad, sino su actitud después del partido, su patanería antideportiva. Es rufianesco agredir físicamente a los vencedores y darles la espalda en vez de aplaudirles en el momento que alzaban la copa. Es no saber perder. Pero algunos jugadores argentinos tampoco saben ganar: ¿quién no recuerda al imbécil que tras conquistar el trofeo en Qatar lo usó para simular un falo gigantesco ante los millones de espectadores que seguían la ceremonia de premiación?
España buscó el gol con ahínco y determinación generando varias ocasiones de conseguirlo. Fue lo que hizo emocionante la contienda. El portero argentino salvó su meta con atajadas espectaculares con las que logró que el juego tuviera que definirse en tiempos extra. Pero España estaba decidida a llevarse la victoria y, con ella, su segundo campeonato mundial. Su gol fue estupendo. Un balón que parecía que iba a abandonar la cancha fue devuelto por Williams con un cabezazo que resultó un pase preciso para que Ferran rematara con la contundencia capaz de vencer a un guardameta que parecía invencible.
Mientras seguía en la tele de un pub de Nottingham las peripecias del duelo deportivo, en México estaba ocurriendo algo perturbador: Ernesto Ruffo, el primer gobernador de oposición en la historia del país, era recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya. Ese gol no fue anotado con pulcritud por la Fiscalía General de la República (FGR), que se valió para la anotación de una árbitra de dudosa imparcialidad.
En su primer intento, la FGR había fallado el tiro: ejerció acción penal contra más de una veintena de indiciados imputándoles su involucramiento en el sucio negocio del huachicol fiscal. Un juez con carrera judicial invalidó el disparo al rehusarse a conceder las órdenes de aprehensión por considerar que la FGR no estaba ofreciendo las pruebas que justificaran las detenciones. El órgano de la acusación estaba en offside.
¿Volver a intentar el gol presentando más o mejores pruebas ante ese juez? ¿Para qué, entonces, son los juzgadores de acordeón? ¿Para qué la revisión en el VAR? La fórmula infalible era cambiar al árbitro. Había que habilitar a otro que no se pusiera los moños. Entonces la FGR, tres semanas después de la tentativa fallida, solicitó esas órdenes de captura a una jueza de acordeón, agregando dos nombres a la lista de inculpados, entre ellos el de Ruffo. La jueza de acordeón no tuvo inconveniente en concederlas. ¿No son para eso los juzgadores surgidos de una lista preparada por el partido en el poder?
Ingmar, la empresa de la que es socio Ruffo, no compraba ni transportaba ni comercializaba combustibles: sólo hacía los trámites ante la Agencia Nacional de Aduanas. Además, Ruffo no operaba la compañía.
Nadie ignora que con la supuesta elección de jueces, magistrados y ministros se aniquiló la auténtica división de poderes y con ella la democracia misma: los juzgadores de acordeón, que perpetraron la indecencia de participar en un proceso ilegítimo —la tómbola, las urnas y los acordeones sustituyeron a la formación sólida y los concursos de oposición rigurosos—, no tendrán inconveniente en actuar como simples ejecutores de la voluntad del gobierno.
Yo disfrutaba intensamente de las peripecias de la final —a los verdaderos aficionados el futbol nos transporta, mejor que cualquier bebida espirituosa, a una realidad paralela: una dimensión desconocida para los no aficionados—, pero no dejaba de pensar en Ruffo encarcelado, en la deriva dictatorial que ha tomado mi país, en la utilización perversa del +++ius puniendi+++, en lo sencillo que resulta arruinar la reputación y la vida de las víctimas de las persecuciones penales, y en el silencio cómplice de muchos juristas y profesores de derecho que por ningún motivo quieren pronunciar una sola palabra que incomode a quienes nos gobiernan.