CNDH exige condiciones, dignas y atención, especializada para adultos mayores en prisión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo una seria advertencia sobre el riesgo de que los sistemas penitenciarios se conviertan en espacios de vulneración de derechos para las personas adultas mayores en reclusión. La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, hizo un llamado urgente al Estado mexicano para reconocer sus necesidades particulares, asegurarles atención especializada y garantizar condiciones dignas de estancia.

El llamado se realizó durante la presentación del documento "Pronunciamiento sobre el deber del estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria". Rosario Piedra señaló que la situación de este grupo constituye un reto mayúsculo para el Estado y los organismos de defensa de derechos humanos, instando a la adopción de medidas preventivas, diferenciadas y ajustes razonables, bajo una perspectiva gerontológica y de derechos humanos.

La Tercera Visitaduría General de la CNDH, a cargo de Nestora Salgado García, reveló datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2023, en la que se identificaron 7 mil 668 personas mayores en 264 centros estatales supervisados y 511 personas mayores en 14 centros federales. Detrás de estas cifras, puntualiza, existe una realidad de enfermedad crónica, dependencia funcional, aislamiento, abandono familiar, barreras arquitectónicas y falta de atención especializada.

Para hacer frente a esta situación, la CNDH propone seis rutas de transformación esenciales:

1. Diagnóstico individual y valoración médica integral: Para las personas mayores privadas de la libertad.

2. Adaptación progresiva de infraestructura: Bajo estándares de accesibilidad universal.

3. Mecanismos alternativos de atención: Para personas mayores en condición de vulnerabilidad.

4. Protocolos obligatorios: Implementación de cuidados paliativos y atención a padecimientos crónicos degenerativos.

5. Capacitación especializada: Dirigida al personal penitenciario.

6. Creación de indicadores públicos: Para la evaluación anual del cumplimiento de las medidas.

El pronunciamiento también establece la construcción de un Programa de Trabajo con enfoque gerontológico y la elaboración de una Guía para identificar y atender casos de maltrato, abandono o negligencia institucional hacia personas mayores en prisión.

Autoridades penitenciarias de las 32 entidades federativas, el sistema federal y militar, personas legisladoras y representantes de comisiones estatales de Derechos Humanos, asistieron al evento, donde se destacó que el documento "pone sobre la mesa una realidad que ha permanecido invisible".

RLO