Defensoría Pública busca acercar la justicia a las personas en México

Por: Zavianny Torres Baltazar

En la histórica calle de Bucareli se ubica la sede del Instituto Federal de Defensoría Pública. En este se pueden apreciar oficinas confortables, módulos de atención sobrios y dignos y un trato respetuoso y afable de parte de su personal y sus asesores, que conforman el equipo de litigio estratégico. Su titular, Benjamín Rubio Chávez, nos concedió una entrevista exclusiva en la que nos narra parte de su formación profesional: “Tuve la oportunidad de ser abogado. Durante mi época universitaria trabajé mucho tiempo en el Distrito Estatal Electoral de Hidalgo. Posteriormente, cuando terminé la carrera, me incorporé como defensor de oficio local en Hidalgo”.

En alguna ocasión que fui a los juzgados de distrito vi una convocatoria del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí supe por primera vez que existía la Defensoría Pública Federal y que daba servicios no solamente en materia penal, sino también en materias no penales. Me inscribí y logré entrar. Ya siendo defensor público federal, se abrieron los primeros concursos externos para ser juez de distrito. Tradicionalmente eran solo para personas de carrera judicial, pero hubo un periodo en el que se abrieron a externos. Participé, me declararon ganador y me adscribieron por primera vez en Villahermosa.

Después concursé para Naucalpan, en el Segundo Circuito del Estado de México, y lo gané. Estuve en el Juzgado 14 de Naucalpan tres años y tantos. Luego me fui a Querétaro como juez, pero solo estuve ocho meses. Salió la convocatoria para magistrado, la presenté, me declararon ganador y regresé a Naucalpan, ahora en materia administrativa.

Estando ahí me invitaron a hacer una exposición sobre la visitaduría. Me comisionaron tres años como visitador judicial en el Consejo de la Judicatura Federal. Al terminar me readscribieron al Segundo Tribunal en Materia Administrativa. Después me invitaron a ser director de Gestión Judicial; estuve casi un año y tres meses.

Con los cambios de la reforma judicial, hace un año recibí la invitación para ser director de la Defensoría Pública Federal.

El magistrado Rubio Chávez es autor del libro “Derecho a la identidad”, que documenta un estudio sobre el registro de nacimiento de niños y niñas, hijos e hijas de extranjeros en situación irregular. El caso se desarrolló en Veracruz. Es un caso jurídicamente “hermoso”, nos narra el director del IFDP, aunque socialmente fue un drama. Se trató de una mujer hondureña que entró de manera irregular al país con su hija, también hondureña. Ya aquí se unió con otra persona de origen hondureño y tuvieron dos hijas más, nacidas en México. El esposo murió y ella quedó viuda con tres hijas: dos mexicanas y una hondureña.

Migración las detectó. A ella le dieron pase de salida a Honduras y a las tres niñas las enviaron a un centro de asistencia en Xalapa. Ella regresó como pudo y anduvo pidiendo ayuda hasta que llegó a la Defensoría Pública Federal. Tuve la oportunidad de defenderla.

Hicimos muchísimos juicios. En aquel entonces, alrededor de 2007, no existía el derecho a la identidad en el artículo 4º constitucional; eso se estableció hasta 2014. La Ley General de Población exigía que el padre o la madre acreditaran la legal estancia para registrar el nacimiento, algo imposible para un migrante en situación irregular. Además, el derecho a la identidad no le corresponde a los padres, sino a la persona.

Promovimos amparos basándonos en el interés superior del menor y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Logramos el reconocimiento del derecho a la identidad, los registros de nacimiento y el cambio de la situación migratoria de la madre y de la hija hondureña.

Fueron dos años de litigio. Ese caso dio origen al libro y contribuyó a la discusión que después llevó al reconocimiento constitucional y a que en la Ley de Migración ya no se exija acreditar la legal estancia de los padres para el registro.

A lo largo de su trayectoria, el magistrado fue director de Gestión Judicial, cargo de rango federal. En este encargo y durante su administración se implementaron diversas herramientas tecnológicas para la buena y expedita impartición de justicia: “Hay que aprovechar la tecnología para hacer más rápida la justicia. Una de las que se implementó fue ENDAs —Equipos de Notificación, Diligencias y Audiencias por Videoconferencias—, un sistema que permite desahogar diligencias a distancia dentro de los centros penitenciarios. Diseñadas para agilizar la justicia penal federal en México.

Antes, unos cuantos juzgados penales ubicados junto a los Ceferesos tenían que desahogar las diligencias de todos los privados de la libertad del país. Eso provocaba que muchas diligencias tardaran seis meses o un año. Con ENDAs, los jueces de toda la República programan en una agenda electrónica común y desahogan las diligencias a distancia, sin depender de la comunicación con otro juez.

También se trabajó en el uso de inteligencia artificial para asuntos fáciles y acuerdos sencillos. Muchos le tienen pavor porque creen que va a sustituir a las personas, pero no es así: es un auxiliar. Al final, quien firma es el juez. La inteligencia artificial ayuda con el trabajo repetitivo y estandarizable; el juzgador revisa y, si es necesario, emplea el criterio. Eso agiliza enormemente la labor de los tribunales.

—Cito una frase tuya: “Las responsabilidades y las distinciones son pasajeras, pero el compromiso con la dignidad humana es permanente”. ¿Es filosofía de vida?

Sí. La principal finalidad de los derechos humanos es que podamos vivir con dignidad todos. Que todos tengamos acceso a mínimos: educación, alimentos, trabajo, seguridad, salud. Si gozas de esos derechos puedes determinar tu presente y tu futuro. Si no puedes gozar de esos mínimos, muy probablemente no estés viviendo dignamente.

A un año de asumir el encargo, el titular de la dependencia federal nos habla sobre los logros obtenidos a la fecha. En materia penal logramos 2,200 liberaciones solo del fuero federal. Además, apoyamos defensas locales. Esto se ha logrado gracias a las brigadas constantes de nuestros defensores en los centros penitenciarios: se instalan, revisan a propios y extraños y auxilian a mucha gente privada de la libertad.

En asesoría jurídica (asuntos no penales) incrementamos cerca de 12,000 servicios. Nos enfocamos en problemas de agua, energía eléctrica, salud, asuntos financieros contra bancos o aseguradoras, materia laboral, seguridad social, personas con discapacidad, diversidad y movilidad.

Salimos a buscar a las personas. Logramos asuntos paradigmáticos: que se otorgara agua a toda una comunidad, que se pusiera un hospital, que se rediseñaran espacios en el Metro para personas con discapacidad. Más allá del número, se transforman vidas.

También iniciamos las asesorías interculturales para llegar a pueblos y comunidades indígenas. El objetivo es contar con asesores que conozcan la lengua y la cultura y que puedan dar representación tanto en el sistema normativo indígena como en el sistema tradicional. Hoy la Constitución reconoce los dos sistemas. Ambos tienen como límite la Constitución y deben coordinarse. Ese es uno de los grandes retos de México: armonizarlos. Estamos asistiendo a otra forma de pensar el derecho.

En violencia de género, tradicionalmente la Defensoría defiende al imputado, pero tenemos tradición de acompañar a víctimas. Contamos con 33 abogadas expertas. Cuando llegamos teníamos muy pocos casos; hoy acompañamos a más de 400 víctimas directas o indirectas. Hay obstáculos normativos e institucionales, pero salimos a tocar puertas.

—¿Podríamos hablar de la Defensoría Pública como el rostro de la justicia ante la ciudadanía?

Creo que sí. No es solo que el funcionario ande en territorio, aunque eso ayuda a conocer los contextos y las brechas del país. Acercar la justicia también es que nuestras demandas e interpretaciones se adecuen a las necesidades reales de la población. La norma se tiene que adecuar al contexto, no al revés. La vía más rápida son las interpretaciones, porque reformar una ley cuesta mucho trabajo.

Es usar un lenguaje cotidiano para que sentencias y acuerdos sean entendibles. Es que se hable en las lenguas que se hablan en el país. Es que haya juzgadores indígenas y que todos apliquemos el derecho con pertinencia cultural. Es ir eliminando formalidades que solo entorpecen: a veces se pierde un asunto por falta de copias o por no poner “protesto lo necesario”. ¿Qué tiene mayor valor, una formalidad o un derecho?

Existen obstáculos normativos y constitucionales que en ocasiones impiden que nuestras defensoras y defensores puedan asistir a las personas.

Hay algo muy relevante que debe reconocerse de la reforma judicial: es precisamente echar a andar un principio que estuvo intrínseco en la Constitución —pero del que nadie hablaba—, que es acercar la justicia.

En la Defensoría estamos desconcentrando oficinas. En la Ciudad de México ya estamos en Iztapalapa, Revolución, Insurgentes y San Lázaro. Ya estamos en Nezahualcóyotl, queremos llegar a Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla, Milpa Alta, Xochimilco y más. Perder un día de trabajo para transportarse hasta Bucareli es demasiado. Queremos estar más cerca, con preparación, con peticiones adecuadas al contexto y con un servicio rápido y eficiente. Hay que darle vida a ese principio constitucional.