El fondo del paro policial

Algunas demandas de los policías no pueden ser atendidas: piden no tener pruebas físicas o no estar en alguna instalación que consideran militar sin que se sepan cuáles son; tampoco quieren someterse a pruebas de confianza

El fondo del paro policial que inició esta semana no es un intento por desestabilizar la Guardia Nacional, sino una esperada reacción ante la más constante falla de este gobierno: realizar recortes mal pensados y a rajatabla, sin pensar en las consecuencias.

Esta semana, integrantes de la Policía Federal iniciaron un paro exigiendo que sus prestaciones no disminuyeran al ser reclutados por la Guardia Nacional. La inconformidad surgió porque su sueldo bajó de 15 a 12 mil pesos y porque les quitaron días de descanso. Así mismo, exigen que a los que no quieran formar parte de la Guardia Nacional se les liquide con mejores condiciones.

Sus demandas son legítimas y AMLO debe responder a ellas de la misma forma en que, siendo oposición, le exigió a Enrique Peña Nieto que atendiera las demandas de los maestros afectados por la reforma laboral/educativa; con la generosidad con la que AMLO le exigió a Calderón que reaccionara ante las demandas de los electricistas de Luz y Fuerza del Centro, y de la misma calidad moral con la que la plataforma electoral de AMLO decía que se debía tratar a todo trabajador.

AMLO debe recordar que, como él dice, “el Ejército es pueblo uniformado”, porque el policía también lo es.

Aunque la Constitución Mexicana señala en su art. 123, fracción B, que los policías se rigen por sus propios reglamentos y no la Ley Federal del Trabajo, estos siguen teniendo derechos laborales. También, el paro de los policías podría ser clasificado como una insurrección ante la cual, en el peor de los escenarios, se les podría enviar a la cárcel y en el mejor, simplemente procedería su destitución y liquidación sin reintegro laboral.

Es cierto que algunas de las demandas de los policías no pueden ser atendidas e incluso, levantan suspicacias. Piden, por ejemplo, no tener pruebas físicas o no estar en alguna instalación que consideran militar sin que se sepan cuáles son ellas. Tampoco quieren someterse a pruebas de confianza. Estas peticiones impedirían la creación de la Guardia Nacional y por ello no pueden ser atendidas.

Ninguna de las razones anteriores, sin embargo, implica que las demandas que presentan los policías sean injustas o hayan sido maquinadas en una conspiración. La mayoría de las demandas que los llevaron al paro son laborales, son de dignidad y son justas.

Como han documentado extensamente Causa en Común y Justice in Mexico, proyecto de la Universidad de San Diego, las condiciones laborales de los policías son muy pobres. Se les ha abandonado. Hace un par de años, cuando la Policía Federal fue enviada a Nochixtlán a tratar de controlar las protestas de los maestros quedó evidenciada la deuda que tenemos con los policías. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno de cada diez policías

llegó a la escena de capacitación sin equipo y sin haber dormido en las últimas 24 horas. Así, Nochixtlán se volvió el triste espectáculo de dos ejércitos paupérrimos luchando entre ellos: policías contra maestros. 

Celebro la protesta de los policías porque evidencia el desastre administrativo creado por un gobierno dominado por las prisas y reticente de seguir las formas. La transformación de este país es necesaria, pero no puede implicar violar los derechos de quienes han sido víctimas de los abusos de sexenios anteriores. Las formas en las que se está implementando la Guardia Nacional convierten a los policías en víctimas dobles: de Peña Nieto y de López Obrador.

Más aún, lo que hoy vemos con los policías, está pasando en otras oficinas de gobierno. El memorándum de la próxima Ley de Austeridad supongo que tiene buenas intenciones, pero es tan burda que está causando violaciones masivas a los derechos de los funcionarios públicos.

Al momento, la reacción de las autoridades ha sido tildar a los policías de criminales, calificar sus razones como injustificadas y de opositores. Esto debe detenerse. Si los policías son criminales se les deben imponer sanciones judiciales. Si sus demandas son injustificadas, se debe probar esto públicamente. Finalmente, si grupos opositores organizaron la protesta como excusa para en realidad crear un motín, se deben presentar cargos sólidos que lo demuestren.

Si la Guardia Nacional va porque va, el gobierno de AMLO debe estar listo para atenuar los costos que ésta genere. Ninguna transformación es tersa. 

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