Ya si se descarrila el tren…

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo hallazgos respecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que la fiscal Ernestina Godoy ignoró al dar a conocer contra quiénes se ejercía acción penal por el descarrilamiento que causó la muerte de 14 pasajeros y lesiones a cerca de 100.

“El funcionamiento del Tren Interoceánico era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”, aseguró la fiscal. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor investigador que el que desconoce lo que ha visto. El documento que contiene la orden de aprehensión contra tres trabajadores del ferrocarril señala evidencias de fallas técnicas en locomotoras, vagones y en las vías.

La actitud de la fiscal es similar a la que tuvo ante el peritaje de la prestigiada empresa danesa Det Norske Veritas (DNV), consultora que, en su peritaje sobre el derrumbe del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que produjo la muerte de 27 personas, señaló deficiencias en el diseño y la construcción, así como fallas en las inspecciones y el mantenimiento. La entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desconoció el dictamen, que ella misma había anunciado que sería inobjetable, y su fiscal, Ernestina Godoy, se tragó el sapo.

Ahora, la fiscal de la República no solamente ignoró los señalamientos de su propia Fiscalía de los defectos e imperfecciones del tren, sino que, además, fabricó tres culpables, práctica en que también incurrió como fiscal capitalina: recordemos la persecuciones grotescas y abusivas contra Isabel Cal y Mayor, Laura Morán y Alejandra Cuevas, esta última privada de su libertad durante más de 500 días.

“Debido al tipo de locomotora, el conductor (el equivalente en un tren al capitán de un barco) no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no le es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad”, dice el documento de la FGR. Y, sin embargo, al conductor, Felipe de Jesús Díaz Gómez, se le está acusando de no haber accionado la válvula de freno de emergencia para detener el tren, que, según ese documento, excedía en 15 kilómetros por hora la velocidad permitida, que es de 50.

En las 18 inspecciones realizadas de marzo a diciembre de 2025 se indicaba que las cejas —la parte interna que guía las ruedas sobre las vías— tenían un alto desgaste. Por ahorrar dinero y tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que no hubiera vagones nuevos ni vías nuevas, que se compraran trenes viejos —algunos con medio siglo de antigüedad— y se reutilizaran las vías viejas.

En la inspección ocular se hace constar que en el lugar preciso donde ocurrió el percance, la línea “está formada por rieles metálicos anclados a durmientes de concreto y madera”, y el informe en tránsito terrestre advierte que en el punto donde se salió la segunda locomotora ocurre justo un cambio entre durmientes de madera y de concreto. Para que estos dos tipos de durmientes puedan coexistir, observan expertos de la Universidad Iberoamericana, es indispensable hacer una transición, porque, si no, se está jugando con diferentes masas y rigideces que cambian de manera inmediata en 60 centímetros y, aunque hay soluciones técnicas como emplear almohadillas, lo que hubo fue una vía comprometida.

Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, fue quien proveyó el balasto —capa de piedra triturada y grava que sirve como base estable para las vías sustentando los durmientes y los rieles—, que, entre otras funciones, proporciona estabilidad a los trenes. Según la grabación de una conversación telefónica a propósito del Tren Maya, con la ayuda de primos de Andy y Bobby López Beltrán, Olán sobornaba al laboratorio que avalaba la calidad del balasto. “Ya cuando se descarrile el tren —se escucha decir en ese telefonema a uno de esos primos—, ya será otro pedo”. Sin las cualidades necesarias para esa función, Gonzalo López Beltrán fue el supervisor de la obra del Tren Interoceánico.

Desconociendo la propia investigación de su Fiscalía, la fiscal fabrica culpables y encubre a los responsables del diseño, la fabricación, la supervisión y el mantenimiento de la obra.