Un error tocar al Tribunal Electoral

Después de las grandes manifestaciones rosas por la democracia y moradas por la igualdad de género, resulta absurda e inexplicable la decisión de tocar al Tribunal de Justicia Electoral. Se equivocaron todos los partidos políticos, pero más los de la alianza opositora del PAN, PRD y PRI. Sus respectivos líderes de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados no debieron firmar la iniciativa que proponía la modificación de los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución en materia de derechos y justicia político electoral. Es un grave error querer limitar la facultad de interpretación del Poder Judicial, porque de ello depende la esencia de su función más importante: Proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero mayor error es el mensaje enviado: “No nos importa lo que los ciudadanos quieren, aquí mandamos nosotros”.

No está por demás recordar que el Tribunal de Justicia Electoral en el nivel federal y local ha sido un actor fundamental para garantizar los derechos político- electorales de las mujeres y de los militantes de los partidos en general. Si el Tribunal no hubiera emitido la sentencia del 11 de noviembre de 2011, no se hubiera logrado la reforma constitucional de paridad política en 2014 (artículo 41), por lo tanto, no hubiera representación paritaria en el Congreso de la Unión. Sin el Tribunal, las mujeres no hubieran podido competir en los municipios, aun cuando no se había armonizado la paridad política en el ámbito local (constituciones y leyes electorales en los Estados). Sin el Tribunal, no se hubiera logrado que hoy gobiernen las mujeres en nueve de las 32 entidades federativas. Sin el Tribunal, las mujeres seguirían siendo relegadas a competir sólo en los distritos y municipios donde sus partidos no la tienen fácil; seguirían sin recursos para hacer campañas cuando son candidatas; seguirían siendo excluidas de los cargos de dirección partidaria; seguirían siendo víctimas de violencia política sin poder defenderse. Sin el Tribunal, en este momento, no hubiera presidenta del INE.

Que el Tribunal se ha excedido, dicen quienes presentaron la iniciativa en la Cámara de Diputados. Los líderes de los partidos que se han sentido afectados por las determinaciones del Tribunal, dirán que sí. Pero quienes han recurrido al Tribunal en búsqueda de justicia electoral, dirán lo contrario, y tienen la razón. Desde la reforma al artículo 1° constitucional en junio de 2011, quedó claro que, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, quienes toman las decisiones, tienen que considerar no sólo el contenido de la  Constitución, sino también el de los tratados internacionales.

Al parecer, algunos líderes partidarios han declarado que ya no van a ir con la nueva iniciativa que están reconstruyendo los legisladores promoventes de la fracasada primera iniciativa, pero el daño está hecho. La iniciativa fue retirada, pero los ciudadanos han visto, con mucha sorpresa, que los partidos políticos utilizan su poder para vengarse del Tribunal, unos porque quieren ampliar ilegalmente el periodo de su mandato al frente de las direcciones partidarias y otros porque, quizás, les brota su convicción discriminadora en contra de los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos minoritarios, porque si bien es cierto, que hoy esos sectores tienen representación en el Poder Legislativo, no fue porque (en algunos casos) así lo establezca la Constitución, sino porque tanto el INE como el Tribunal, obligaron a los partidos a garantizar las cuotas de candidaturas de estas minorías.

Es decir, los partidos son todo lo contrario a lo que dice Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Cómo mueren las democracias: 2018): los  guardianes de la democracia.

Hoy, ante la intentona de la partidocracia, nuevamente, se alzó la voz de las y los demócratas, tanto los que militan o no en los partidos políticos, pero de seguir así, lo que sigue, tal vez, es impulsar una candidatura independiente para la contienda presidencial de 2024. Ya veremos qué dicen los personajes que van a participar el 17 y 18 en el Foro de unidad y gobiernos de coalición para lograr una nueva alternancia democrática.