Todos eran responsables por los migrantes

Los titulares: del Instituto Nacional de Migración (INM), de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como el Presidente de la República, eran jurídica, política y moralmente, responsables de proteger los derechos humanos de los 39 migrantes que murieron calcinados el 27 de marzo en la emblemática Ciudad Juárez, en un albergue que, se descubrió por el incendio, que operaba bajo el modelo de una cárcel y no un refugio.

El primero, el titular del INM, Francisco Garduño, tenía que haber renunciado inmediatamente después de los criminales hechos, porque es el encargado operativo del área de atención al problema migratorio, y su permanencia en el cargo, puede entorpecer las investigaciones; incluso, desde que inició la administración actual, cuando se dieron a conocer por los medios de comunicación las primeras persecuciones violentas de la Guardia Nacional y de los agentes de migración en contra de las caravanas de migrantes que venían del sur, debió ser llamado a rendir cuentas. Eso fue lo mismo que se le exigió al exgobernador Ángel Aguirre en Guerrero por el crimen de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y así lo hizo.

El segundo, el titular de la Secretaria de Gobernación, la más importante del gabinete, Adán Augusto López Hernández (con el que no estamos a gusto), de donde depende administrativamente el INM y, por lo tanto, responsable jurídicamente de la política pública migratoria (así consta en la Ley Orgánica); también tendría que renunciar al cargo o, por lo menos, olvidarse de ser una de las tres corcholatas del Presidente; es indispensable que deje de hacer campaña y haga el trabajo que le corresponde como funcionario público; no sólo para enfrentar la problemática de los migrantes, sino la de los desaparecidos, los desplazados, los feminicidios, la prevención del delito, etcétera. Todos ellos son temas que está obligado a atender como titular de esa Secretaría y, en todos ellos hay números rojos, o ¿guindas?

El tercero, el canciller Marcelo Ebrard, tendría que ofrecer, por lo menos, una disculpa pública a las víctimas del incendio y a sus familiares, porque si bien es cierto, no es responsable jurídicamente del tema migratorio, sí lo es políticamente. No sólo porque así lo señaló el secretario Adán Augusto, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, sino porque el mismo canciller se ha promocionado con el tema desde que inició el sexenio; es decir, él mismo creó una narrativa sobre su injerencia desde que estaba la anterior secretaria, Olga Sánchez Cordero. Incluso, se han dado a conocer supuestos acuerdos del canciller con la administración pasada de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, relacionados con el programa Quédate en México (por el cual son retenidos y deportados miles de migrantes en México). Así lo reveló en su libro Never Give An Inch el propio Mike Pompeo, por el que tuvieron un desencuentro público el canciller Ebrard con la exembajadora, Martha Bárcena, el día del amor y la amistad (14 de febrero), porque ella dijo que así había sido y él lo negó.

Lamentablemente, ni al canciller ni al secretario Adán Augusto los vemos muy conmovidos por los hechos criminales en donde perdieron la vida los migrantes; por el contrario, los vemos muy ocupados en mantener su lugar como corcholatas; al primero, presentado su libro en donde se autoelogia (como si no conociéramos lo que realmente ha hecho); y al segundo, culpando al primero para deslindarse de la tragedia.

Por si fuera poco, el jueves, la mayoría de los senadores, después de otro estéril debate, decidieron renunciar a la posibilidad de llamar a rendir cuentas a los implicados por estos criminales hechos, incluso, la mayoría morenista y sus aliados se confrontaron mutuamente, porque cada uno ya tomó partido por alguna de las corcholatas y ya no les importa su responsabilidad actual, sino su futuro político en 2024.

Ya veremos cuál es su actitud cuando el Estado mexicano sea sancionado por los tribunales internacionales por lo que llamó el senador Emilio Álvarez Icaza, un crimen de Estado.