Venezuela sin maquillaje
• Es un país en profunda crisis económica, social, de salud y de seguridad. Usa escuadrones de la muerte.
El viernes 21 de junio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluía su visita de dos días a Venezuela, país en el que ella y su equipo habían realizado casi 560 entrevistas y 160 reuniones para documentar el estado de las garantías individuales en el país sudamericano.
Ese mismo día –sin esperar siquiera a que la también expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dejara Caracas–, agentes de la policía política del régimen de Nicolás Maduro detuvieron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Sin revelar nombres, el gobierno de facto de Venezuela informó que 13 militares y civiles habían sido capturados como presuntos participantes en un intento de golpe de Estado.
La esposa de Acosta denunció su desaparición el sábado 22, pero no fue sino hasta seis días después que se volvió a saber públicamente de él, cuando apareció ante un juez. El militar estaba en silla de ruedas, con la mirada perdida y con signos evidentes de haber sido torturado.
El juzgador le preguntó si había sido sometido a tortura, a lo que el militar respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. El sábado 29 de junio, pocas horas después de haber sido trasladado a un hospital por orden del juez, Acosta falleció.
La autopsia reveló que Acosta murió por “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”. En términos llanos, fue víctima de aplastamiento, traumatismo y electrocución.
El asesinato del militar por parte del régimen probablemente no alcanzará a aparecer en el informe final de Bachelet, que se dará a conocer formalmente este viernes. Sin embargo, los adelantos que comenzaron a circular ayer revelan el uso sistemático de la violencia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
El informe describe un país en profunda crisis económica, social, de salud y de seguridad y apunta al régimen de Maduro como el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos.
Las fuerzas de seguridad, añade, han usado escuadrones de la muerte contra jóvenes y han manipulado los hechos para que parezca que las víctimas fatales se resistieron a ser detenidas. Ese ha sido el caso de casi cinco mil 300 muertes en 2018 y casi mil 600 hasta mayo pasado.
“Los servicios de inteligencia han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y sus familiares”, dice el reporte de la ONU. Además, operan en el país colectivos armados, que “contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión”.
Esta misma semana, el adolescente Rufo Antonio Chacón Parada perdió la vida mientras participaba, junto con su familia, en una protesta por la falta de gas que aqueja a los habitantes del estado fronterizo de Táchira. El médico que lo revisó contó 52 perdigonazos en la cara, producto de un disparo de escopeta de las fuerzas de seguridad.
El demoledor reporte también destaca que Venezuela es un país en el que miles de personas han muerto por falta de material de curación y medicamentos, y en el que las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos adolescentes van al alza por la falta de acceso a preservativos.
Ésa es la Venezuela que queda después de 20 años de políticas populistas y autoritarias, que algunos aún se atreven a citar como modelo o se resisten a condenar con todas sus letras.