Sismo y reforma institucional

En ambos capítulos, las limitaciones de las autoridades públicas quedaron evidenciadas ante la determinación ciudadana que, en medio de la tragedia, se tuvo que organizar a sí misma para emprender las tareas de rescate de supervivientes, apoyo a damnificados y acopio de recursos económicos para la reconstrucción.

Los avances de protección civil conseguidos en esas tres décadas de diferencia entre un sismo y otro son importantes en la explicación del descenso en el número de víctimas mortales y afectaciones materiales provocadas por este tipo de fenómenos naturales, pero, al menos, desde la perspectiva de la Ciudad de México, existen importantes ventanas de oportunidad en el desempeño institucional para que cumpla con la responsabilidad de asegurar la mayor protección posible a la vida, el patrimonio y la continuidad de los servicios públicos de quienes habitamos en ella.

Pasado mañana se conmemora el primer aniversario del sismo que, con una magnitud de 7.1 grados, provocó tan sólo en la capital del país más de cinco mil setecientas viviendas dañadas, alrededor de dos mil quinientas personas trasladadas a albergues temporales y siniestros considerables en demarcaciones territoriales que no suelen verse afectadas a ese nivel de gravedad, como fueron Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Tláhuac.

Asimismo, de las ocho entidades federativas que resintieron los efectos destructores del temblor, la Ciudad de México concentró el mayor número de defunciones con seis de cada diez muertes provocadas por el sismo, de acuerdo con datos de organismos internacionales y el gobierno capitalino.

De ese sismo a la fecha, los ciudadanos en redes sociales y la sociedad civil en medios de comunicación han solicitado hacer valer la ley para impedir avances de edificaciones no autorizadas o de obra diferente a los permisos originalmente liberados. También, resaltan la carencia de una verificación técnica, independiente y sujeta a una efectiva rendición de cuentas, que garantice calidad en los procesos de construcción, más aún cuando sobre estas certificaciones pesa la sospecha de encontrarse bajo dominio de los intereses de desarrolladores inmobiliarios.

Condiciones que abonan al derrumbe de edificios con sus correspondientes altos costos sociales y económicos. Todavía meses después del temblor, el desplome del centro comercial Artz Pedregal trajo a la memoria los constantes riesgos en los que estamos inmersos los capitalinos, ante la falta de una adecuada aplicación de la normatividad. Pero la parte preventiva no es la única con tarea pendiente. En las fases correspondientes a la atención del desastre se requiere de un nuevo método en la toma de decisiones que haga más oportuna la reacción por parte de las autoridades de la Ciudad de México, que garantice la aplicación de los recursos a las manos más necesitadas y que facilite sinergias entre las iniciativas privadas, sociales y de gobierno, a fin de potenciar el impacto positivo de la ayuda otorgada a las familias damnificadas.

Un renovado enfoque integral permitirá un desarrollo urbano responsable, en el que se incremente la certeza de quienes vivimos en la capital y una potencial desgracia sea producto de la naturaleza, mas no de la negligencia administrativa. A un año del sismo de septiembre 19, las lecciones obligan a la acción inmediata y el cambio institucional que vive la capital del país podría ser una oportunidad excepcional para ello. El recién inaugurado Congreso de la Ciudad de México —poder que reemplaza a la Asamblea Legislativa—, cuenta con mayores atribuciones legales y presupuestales para expedir marcos normativos aplicables al gobierno de la entidad y las alcaldías, que bien pudieran fortalecer el sistema de protección civil, instaurar mecanismos transparentes e innovadores para hacer valer el reglamento de construcciones y privilegiar el interés público sobre los de naturaleza corporativa.

Asimismo, de la mano de la Jefatura de Gobierno y las alcaldías, el nuevo Congreso local deberá transitar del modelo actual de la seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, en el cual, al ser un concepto más integral del bienestar de la persona, se podrían insertar componentes vinculados a la prevención de desastres.

Todo ello sin olvidar la responsabilidad que recae sobre el Movimiento Regeneración Nacional al contar con el control de dicha Cámara legislativa, dos terceras partes de las alcaldías y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, si debiera haber una autoridad sensible a la necesidad de fortalecer los mecanismos verificación de obra y atención a los efectos del sismo, es la misma jefa de Gobierno electa tras su experiencia al frente de la delegación Tlalpan. La Ciudad de México no merece esperar al próximo sismo.