México se ha acostumbrado peligrosamente a contar la violencia sólo cuando hay cuerpos. Todo lo que queda fuera de esa contabilidad —la ausencia, la desaparición, el silencio— parece diluirse en una estadística secundaria, casi técnica. Pero esa normalización es quizá una de las derrotas morales más profundas que ha sufrido el país.
Somos el México roto que aprendió a convivir con sus ruinas, el México cómplice que, como las ciudades de la posguerra, camina entre escombros fingiendo normalidad, mientras las ausencias pesan más que los edificios caídos; el país que no convierte el duelo en exigencia ni traduce la herida en responsabilidades para sus gobernantes.
En la última década, las desapariciones de personas no sólo han aumentado, se han consolidado como una forma estructural de violencia extrema. No se trata de casos aislados ni de tragedias individuales desconectadas entre sí. Son parte de una misma dinámica que comparte territorios, actores y lógicas con los homicidios, el feminicidio y otras expresiones de violencia letal. La diferencia es que aquí no hay cuerpo. Y, sin cuerpo, para el Estado, muchas veces no hay delito.
Entre 2015 y 2025, las desapariciones en México se triplicaron sin una sola fase sostenida de contención. El crecimiento se concentró en los territorios dominados por el crimen organizado, donde la violencia no cesa, sólo se transforma. Así lo documenta el estudio Violencia y pacificación. Estado por estado, de México Evalúa.
Sinaloa, Sonora o Baja California Sur no son anomalías, sino espejos adelantados de una dinámica que se reproduce en distintas regiones del país y que comparten la violencia contra la población civil, así como la complicidad de políticos que llega hasta El Palacio.
Hoy vivimos el horror que nos sembró López Obrador al aliarse, como los medios han documentado, con el narcotráfico, que produjo su crecimiento y enraizamiento en la actual clase política, al grado de no saber quién es el enemigo que se lleva a los hijos y las hijas o desaparece mineros inocentes. Hay un gobierno moralmente mudo.
Por su rigor metodológico y enfoque, el estudio de México Evalúa es clave no sólo para dimensionar la crisis, sino para exigir responsabilidades por omisiones o colusiones en el gobierno federal, pasado y presente.
Hoy sabemos, por un testimonio público llamado Ni venganza ni perdón, que el poder del crimen sugería al oído de Palacio.
Las desapariciones no pueden leerse como un fenómeno separado de la violencia homicida. Funcionan, en muchos contextos, como un mecanismo para ocultarla. La eliminación del cuerpo impide la acreditación legal del homicidio, distorsiona las estadísticas y permite sostener narrativas de éxito basadas en la reducción de un solo indicador: el homicidio doloso. Así, mientras se celebra la “pacificación”, la violencia no desaparece; simplemente se vuelve menos visible.
Este desplazamiento tiene consecuencias políticas. Cuando el éxito de una estrategia de seguridad se mide únicamente por la baja en homicidios dolosos, se generan incentivos perversos: clasificar muertes en otras categorías, tolerar subregistros o mirar hacia otro lado frente a prácticas sistemáticas de desaparición. El resultado es una fotografía incompleta de la violencia real y una sociedad inducida a creer que las cosas mejoran cuando, en el fondo, el país sigue siendo más violento que hace diez años.
Pero el problema también es social. Normalizar las desapariciones implica aceptar que miles de familias vivan en una espera interminable, que la ausencia se vuelva rutina y que la pregunta “¿dónde está?” deje de incomodarnos. Implica asumir que hay vidas que pueden ser borradas sin dejar rastro y que eso no altere la conversación pública.
Si México aprende a vivir con sus ausencias, perderá la capacidad de exigir verdad.
Las fuerzas de Estados Unidos operan en el país. El manto que protege a los criminales debe caer.