Una consulta sin votos

Solamente 7% de los ciudadanos mexicanos aceptó participar en la mascarada. Más de nueve de cada diez manifestaron claramente su rechazo a una consulta ofensiva para la inteligencia, los valores cívicos y el sentido común.

Si hay una denuncia o se sospecha que cualquier persona cometió un delito, es deber del Ministerio Público realizar una investigación profesional estrictamente apegada a derecho, tratar de allegarse las pruebas de la conducta delictiva y la culpabilidad del autor y, de conseguirlas, ejercer la acción penal para que se lleve a cabo, si el juez considera aptas y suficientes esas pruebas, el proceso correspondiente.

El deber de perseguir delitos por parte de las fiscalías de la República no puede estar sujeto a consulta alguna, como no puede estarlo el deber de cumplir con todas y cada una de las leyes por parte de las autoridades competentes. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Esa atribución persecutoria le otorga al Ministerio Público un poder extraordinario capaz de destruir vidas y haciendas, por lo que es exigible que los funcionarios que la ejerzan lo hagan escrupulosamente, con el único afán de que se haga justicia acatando la ley, nunca con el propósito de complacer a los gobernantes o a determinados sectores de la opinión pública.

Preguntar a los ciudadanos si debe enjuiciarse en bloque a los expresidentes, sin especificarse por cuáles delitos ni señalarse con sustento en qué pruebas, viola escandalosamente el principio de presunción de inocencia y el debido proceso: es un linchamiento previo a la indispensable investigación que aporte elementos probatorios para los procesos pertinentes.

Como eso lo sabía el presidente de la Suprema Corte, la pregunta que el Presidente de la República quería que se hiciera a los ciudadanos fue objeto de una sorprendente metamorfosis kafkiana en el máximo tribunal. En la nueva formulación no quedó nada de la interrogante propuesta por el titular del Ejecutivo. Sin embargo, éste y su partido realizaron una campaña en la que falazmente se intentaba hacer creer que la cuestión era si se estaba de acuerdo en que los expresidentes fuesen enjuiciados.

El propósito de llevar a juicio a todos los expresidentes —salvo al que no se califica como neoliberal— sin señalar las figuras delictivas aplicables ni las evidencias de su culpabilidad es, en realidad, una jugada encaminada a juzgar el pasado para distraer de la desastrosa gestión actual que no ha resuelto, sino empeorado, los problemas del país.

Si la realidad es tan obstinada que resiste al discurso según el cual el país se está transformando, hay que hacer que los ciudadanos vuelvan la mirada hacia atrás, que miren al pasado porque lo que está sucediendo en el presente es inaceptable, porque el país está peor ahora en seguridad, economía, pobreza, empleo, salud, educación, derechos humanos, Estado de derecho… en todo.

El Presidente de la República defendió con ardor la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio, a quien varias mujeres habían acusado de graves delitos de índole sexual, pero promovió una consulta para llevar al cadalso a sus antecesores. En distintos espacios públicos aparecieron carteles en los que se les condenaba inapelablemente.

Pero ni siquiera una mayoría de los seguidores incondicionales del Presidente acudió a las urnas. Era tan burda la patraña que no valía la pena caminar unas cuantas cuadras para depositar un voto con el que el votante se manifestaba a favor de no se sabe qué. No interesa tanto que se esclarezcan las decisiones políticas del pasado como que se resuelvan los agravados problemas del presente.

El pasado es irrevocable, irremediable como la muerte; el presente, en cambio, es la ocasión para enmendar lo inadmisible.