Contra los derechos humanos

La increíble declaración ignora que esos derechos son uno de los más valiosos productos del proceso civilizatorio, y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, que nos tenemos por civilizados, somos asimismo producto de esos derechos. No fue una doctrina económica —ni el neoliberalismo ni ninguna otra— la que creó lo que el Presidente denomina nuevos derechos. Estos derechos son conquistas no de los neoliberales, sino de todos los seres humanos, avances que se fueron logrando paulatinamente desde la Ilustración. No necesariamente nos hacen más felices, pero sin duda nos hacen más libres y respetados, más humanos en cuanto sujetos a los que se debe un trato digno y a los que se considera libres, dueños de sus vidas y sus destinos.

Los derechos humanos han sido combatidos, violados o proscritos por los tiranos y los autócratas, los servidores públicos arbitrarios, las mentalidades preilustradas, los partidarios del congelamiento del orden jurídico, los sectarios, los misóginos, los homófobos, los fanáticos que persiguen y hasta asesinan a los que no piensan como ellos. Su causa, en cambio, ha convencido a la parte más ilustrada y sensible de la sociedad, y es este sector el que ha logrado profundas transformaciones sociales tales como, entre otras, la igualdad de las mujeres y los hombres ante la ley, las libertades democráticas y las libertades personales, el cuidado del medio ambiente, la abolición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura, la instauración de los principios de legalidad y debido proceso, la atención pública a la salud, la educación universal y la institucionalización de la defensa de los derechos humanos.

Asombrosamente, el Presidente sostiene que todos esos logros, que hacen a las sociedades más humanamente vivibles, son una coartada del neoliberalismo que, en su visión maniquea, es el origen de todos los males. Seguramente por eso canceló la obra del nuevo aeropuerto internacional, extinguió las estancias infantiles, acabó con el seguro popular, destruyó el sistema de distribución de medicamentos, entregó la educación pública a mafias sindicales, impulsa proyectos que, con el uso de combustibles fósiles, dañan el medio ambiente y la salud, apoyó la candidatura a gobernador de un sujeto acusado de violaciones, y se resiste a condenar el matrimonio infantil forzado en comunidades indígenas.

También por eso sus legisladores, bajo sus órdenes, chatarrizaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, como sus homólogas locales, había dado importantes batallas contra el abuso de poder. La desfigurada CNDH ha guardado silencio ominoso ante la desastrosa indolencia del gobierno frente a la pandemia de covid-19, la reticencia para vacunar a los menores contra ese virus, la falta de medicamentos para los niños con cáncer, el giro perverso que han tomado las pesquisas sobre los hechos de Iguala y Cocula, la feroz persecución penal contra 31 científicos, el manejo de testigos protegidos para inculpar a adversarios políticos, las difamaciones contra periodistas críticos, la desaparición de fideicomisos, la cancelación de estímulos económicos a investigadores y el embate contra la UNAM.

En lugar de combatir los abusos del presente, la CNDH ha emitido la más absurda recomendación, en la que pide que, 27 años después, se reabra la investigación sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Debiera saber la titular del organismo que la indagación sobre ese caso es una de las más completas y profesionales de nuestra historia forense, con base en la cual la culpabilidad de Mario Aburto quedó claramente demostrada.