Opacidad de los decretazos

Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable,

que actúe bajo el predominio de la ley, es la base

de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.

Kofi Annan

Las últimas semanas, la actividad política de la actual administración ha tenido una gobernanza intensa y errática, que ha puesto sobre la mesa del análisis constitucional, temas que inquietan las aguas de la política interior, con repercusiones en la exterior.

La comparecencia del Ejecutivo federal en el Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud de que este año, como miembro no permanente le corresponde a México presidirla este noviembre, en la que presentó el “Plan de Fraternidad y de Bienestar”. La diplomacia se hizo presente y dicho plan, que no correspondía a las funciones del Consejo, fue atendido.

El menguado presupuesto para el INE, que hace de imposible realización el procedimiento de Revocación de Mandato (¿será una apuesta o se sabe que no se recabarán las firmas necesarias como requisito previo para iniciar dicho procedimiento?).

La reunión tripartita con EU y Canadá en Washington, D.C., ciudad capital del vecino del norte, se señaló insistentemente antes de la reunión, que el tema de la reforma eléctrica no estaba en la agenda y no se trataría; finalmente apareció a la par de que la discusión de la misma, se posponía hasta abril de 2022.

Reforma que, de llevarse a cabo, requerirá la aprobación de las cámaras de Diputados, Senadores y 17 congresos estatales (Constituyente Permanente).

Es de resaltar que ese mismo día, cuando se llevó a cabo la reunión trilateral, el presidente Biden firmaba el proyecto de ley Jaime Zapata y Víctor Ávila, de protección de oficiales y empleados federales”, unas horas antes del encuentro con el Presidente de México.

El nombre de este proyecto de ley corresponde a dos agentes estadunidenses, atacados por narcotraficantes el 15 de febrero de 2011, en nuestro país.

Ley que de aprobarse sería de aplicación extraterritorial, de franca violación a la soberanía de los países y a los principios del Derecho Internacional.

Sin duda, lo que más ha agitado las aguas de la política interior es el decretazo que se refiere a una materia en la que el Ejecutivo federal ordena (sin facultades) a través de un “acuerdo” (sic) a las dependencias y entidades de la administración pública federal a ignorar el cumplimiento de leyes y reglamentos (con un rango jerárquico superior a este acto administrativo), provocando una opacidad flagrante a la gobernanza con la violación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El decreto de marras no funda ni motiva la razón para que, como ordena la Constitución: “La información sólo pueda ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, y ordena que en la definición de este derecho, debe prevalecer el principio de máxima publicidad.

La opacidad de un gobierno radica cuando la información a la que está obligado a proporcionar a los habitantes del Estado, es oscura, parcial, no existe o es reservada indebidamente y, por lo tanto, no es oportuna ni coherente con el momento político que atraviesa el país, de ahí que en el caso concreto, el Inai prepare una controversia constitucional, lo que ha provocado una reacción virulenta en contra de este órgano autónomo, por parte del Ejecutivo federal.

En lo que hace a la iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área para crear la Comandancia del Ejército, más que un fortalecimiento del titular de la Sedena, se trata de puntualizar las funciones públicas que ejerce como secretario de Estado, comandante y titular del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, con lo que se pretende aligerar la carga abusiva de obligaciones que le encomienda el “comandante supremo”.