Marrullerías de la política

La política fue en principio el arte de impedir a la gente  

meterse en lo que le importaba. En una época

posterior agregósele el arte de comprometer a la gente

a decidir sobre lo que no entiende.

Paul Valéry.

A unos días de iniciar el procedimiento de la llamada “revocación de mandato” la alianza legislativa (los coordinadores de los tres partidos PRI, PAN, PRD en la Cámara de Diputados) presentó una acción de inconstitucionalidad de la ley reglamentaria, ya que contraría la disposición constitucional, pues agrega la “ratificación” (que es lo que realmente busca el Ejecutivo) y violenta la voluntad popular, expresada en el voto de aquellos que votaron por un término cierto y conocido, del mandato presidencial.

De acuerdo con la página electrónica de la SCJN, al día de ayer están pendientes de resolución diez acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH, partidos políticos (PT, PRD, PRI), etcétera, a las que se sumaría la recientemente presentada, en caso de ser aceptada por el alto tribunal.

Después de haber presentado la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, los diputados de la alianza legislativa declararon: “Estamos más unidos que nunca”.

Esta acción se sumaría a la inconformidad pública por dicho proceso que exige, como primer paso, la recolección de firmas por parte del INE en un tres por ciento de los votantes del padrón electoral, el cual registra al día de hoy 93 millones 676 mil 029 ciudadanos, es decir, se necesitan casi tres millones de votos para arrancar, que no estarían votando por la revocación necesariamente, pues la inconstitucionalidad radica precisamente en la ratificación.

Ahí está la marrullería, si no se reuniera este porcentaje de firmas el Ejecutivo estaría ratificado de facto.

Esta expresión solidaria de la alianza legislativa con la Constitución podría ser un indicativo de lo que le espera a la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, presentada por el Ejecutivo el día 1º próximo pasado ante la soberanía de la Cámara de Diputados, responsables con el mandato popular impedirían otro ataque a nuestra Carta Magna, iniciativa que de aprobarse requeriría una ley reglamentaria que indefectiblemente sería una más de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaría ante la SCJN.

Estos desatinos políticos generan un desgaste innecesario del tribunal constitucional y un gasto de recursos públicos (cuatro mil MDP) vulgar y ofensivo ante la pobreza de 55.7 millones de personas. El empecinamiento en llevar a cabo actos que lesionan la democracia y, en suma, el bien común de nuestro país están atrapados en la marrullería política y la corrupción. México desgraciadamente ha sido calificado por el World Justice Project como uno de los países con mayor corrupción; de 139 países evaluados nuestro país ocupa el lugar 135. (Bandera de campaña, derrota de gobierno).

Cada vez más cerca de iniciar el proceso de revocación de mandato la marrullería política enturbia más las aguas gubernamentales; en efecto a la inseguridad galopante se suma la represión reciente de obreros en la “refinería Dos Bocas en Paraíso (qué ironía), Tabasco, en la que medio centenar de trabajadores fueron golpeados y sacados violentamente de las instalaciones, esto nos lleva a recordar, a unos días de celebrar la Revolución Mexicana: Cananea (1906) y Río Blanco (1907). “Carne de mi pueblo hecha Libertad Vadillo”; acontecimientos que marcaron el principio del fin, del prolongado régimen de Díaz.

•  APOSTILLA

La designación de gobernadores de oposición salientes como embajadores y/o cónsules (grave agravio al Servicio Exterior Mexicano), se trata de otra marrullería política. ¿Como responderá la Cámara de Senadores ante la ratificación de este exilio con apariencia de premio?