Las batallas de la Corte
La gobernabilidad democrática precisa de límites y contrapesos, el poder público está limitado por los derechos y principios que la Constitución consagra.
La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa ustedes, ministros y ministras, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres.
Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN
El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Circuito.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente lo es también ex officio del consejo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de México, tiene la función más alta que pueda conferirse en el orden interior de la República: la de mantener el equilibrio de las fuerzas activas del gobierno; a ella está encomendada la labor de restablecer ese equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello de su autoridad única de intérprete de la Constitución, de custodio de la Carta Magna, además de resolver en definitiva asuntos jurisdiccionales de su competencia.
La gobernabilidad democrática precisa de límites y contrapesos, el poder público está limitado por los derechos y principios que la Constitución consagra, su violación implica que tal sea reclamada por el ofendido o interesado ante el Poder Judicial, para que valorado o estimado el agravio en los hechos se aplique la Constitución en su justa interpretación, el daño sea reparado y se restablezca el derecho.
El fallo de la Suprema Corte no puede ser más que cumplido a cabalidad y no puede ser impedido por ninguna autoridad, de ahí que asegurar la libertad e independencia del funcionario judicial es condición indeclinable de la buena administración de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional de México tiene encomendada la importante tarea de erigirse como el máximo intérprete de la Constitución, de forma que la Carta Magna se convierte en el instrumento primordial en el cual se fundamenta su diario quehacer para la impartición de justicia.
La Constitución, entendida como la columna vertebral y eje central de la vida jurídica de la país, se ha visto continuamente reformada, así como las leyes secundarias; muchas de estas reformas incongruentes con el bien de la nación y que vulneran el espíritu del constituyente, alteraciones que motivan la intervención del Poder Judicial para retomar el camino de la constitucionalidad; reformas no necesariamente positivas y tampoco como respuesta a las necesidades que surgen en torno a la sociedad y a nuestra propia realidad, responden más bien a un proyecto político de un sector partidista que encabeza el Ejecutivo y que ha motivado ataques injustificados y fuera del respeto que merecen los Poderes de la unión, acciones que exigen la intervención decidida de la SCJN en defensa de nuestra ley suprema y como consecuencia los derechos humanos y garantías consagradas en ella y en los tratados internacionales.
No han sido pocas las “batallas de la Corte”, los ataques continúan, a unos días el Ejecutivo arremetió contra la SCJN y algunos de sus integrantes con rudeza innecesaria y sin datos de prueba. El constitucionalista Emilio Rabasa (1928) afirmaba que el juez necesita, para ser un buen juez, tres condiciones: la aptitud, la honorabilidad y la independencia.
Características que le son propias a la hoy ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, que seguramente serán estos atributos los mejores instrumentos para salvaguardar el Poder Judicial de la Federación.
La Constitución está a salvo.
