De la legitimidad a la legalidad
“Todo poder que no tenga limites, no puede ser legítimo”. Montesquieu No cabe duda que la Presidencia de la República resulta la más significativa de estas posiciones, pero también que el Congreso y legislaturas de los estados ...
“Todo poder que no tenga limites, no puede ser legítimo”.
Montesquieu
No cabe duda que la Presidencia de la República resulta la más significativa de estas posiciones, pero también que el Congreso y legislaturas de los estados también lo son, no sólo se trata de la posibilidad de hacer cambios constitucionales en nuestra Carta Magna de 1917 (hasta el año 2017, las reformas sumaban 699), sino también que los procesos legislativos para la adecuación del marco jurídico que nos rija se llevarán prácticamente sin ninguna oposición a los proyectos que el titular del ejecutivo enviará en su momento, incluida la propuesta para designar al fiscal General de la nación.
La mayoría abrumadora que sufragó en favor de Morena, elección inédita, refleja, con independencia de la legitimidad de la victoria obtenida, que estos triunfos constituyen la mayor responsabilidad política en nuestra vida institucional. Los primeros pasos que ha dado el virtual Presidente de México, han sido como lo ofreció al final de su campaña, de concordia, respeto y hasta amabilidad para el gobierno vigente hasta el último momento del último día de noviembre próximo; de acercamiento y conciliación con los sectores productivos, esta actitud no sólo se ha reflejado en la tranquilidad de los mercados (también influenciada por factores externos) lo cual ha permitido observar a un futuro gobernante que estaría dispuesto a corregir y enmendar lo que fueran ofertas de campaña y que se convertirán en programas de gobierno.
El próximo Presidente de la República no puede permitir que la legitimidad que le dio el proceso electoral se vea anulada por la ilegalidad, de ahí que la nación espera que el encauzamiento de las futuras acciones de gobierno sea sustentado en el orden jurídico de la República. Urgente atención exige la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Se han anunciado ya algunas acciones en estos tres importantísimos rubros que tienen que ser valorados en su exacta dimensión para que los tiempos y las formas se ajusten a soluciones de fondo, a la realidad de nuestro país y se aparten del discurso político electoral. La reconformación de las fuerzas de seguridad pública en el combate a la inseguridad son de la mayor importancia y hay que considerar entre otros factores la construcción de un verdadero sistema de inteligencia (fragmentado y hasta abandonado por tantos años) y el uso de la tecnología, que hoy nos brinda instrumentos tan valiosos para su combate, como sería el caso del robo de combustibles que provoca daños mayúsculos a la economía del país y que, con dicha tecnología, podría reducirse a tal grado, que, incluso, podría ser factor para la baja en los precios de estos productos o el robo al autotransporte que, según cifras públicas se incrementó en esta administración 217.70% contra lo reportado en los dos últimos gobiernos; muchos otros rubros que no pueden soslayarse encontrarían respuestas para su combate, en estas dos columnas. Importantísima seguirá siendo la coadyuvancia de las fuerzas armadas, en estas tareas. Su permanencia institucional para la seguridad del país y su gradual regreso a los cuarteles es irrefutable. El análisis y la naturaleza de la seguridad pública y la seguridad nacional tiene que conducirnos a las mejores prácticas y a la estructuración de estas tareas fundamentales cuyos resultados fortalecen nuestra soberanía.
Por otro lado, es de observarse procesos internacionales tan cuestionados como el comúnmente llamado Brexit, que a dos años, prácticamente, de los resultados de un referendo, no puede consolidarse en el mapa geopolítico de Europa y que hacia el interior del Reino Unido ha creado una crisis política que a la fecha, por mencionar lo menos, ha provocado la renuncia de los ministros de Asuntos Exteriores y del encargado de las negociaciones del Brexit.
Las figuras del referéndum y plebiscito no están contempladas en el orden jurídico mexicano y no son precisamente los instrumentos idóneos para fortalecer la democracia.
Procedimientos sumamente costosos mencionados en campaña política y hoy, proyectos legislativos como el de la “Ley para la consulta de revocación del mandato del Presidente de la República en tres años”, abren una puerta peligrosa para el estímulo de la figura de la reelección.
En términos académicos, el referéndum consiste en el “procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone” y el plebiscito en “consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etcétera”. Resulta indiscutible que las acciones del futuro gobierno tendrán necesariamente que ceñirse en todo a la legalidad, para así acreditar la legitimidad ganada en las urnas.
Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional
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