Aniversario de la Constitución política

Carne de mi pueblo hecha libertad

                Frase inscrita en el díptico sobre la Revolución

                Mexicana realizado por L.B. Vadillo (1929-1983),

                egresado de la Esmeralda, alumno del pintor y muralista

                Carlos Orozco Romero. Periodo Realismo Mágico.

El ideal de justicia social de la Revolución Mexicana se vio plasmado en la Constitución de 1917, la más avanzada del siglo XX al establecer en su primera parte las garantías individuales, una parte dogmática como expresión democrática de la fórmula de gobierno republicano que nos rige, adelantándose a las constituciones del mundo y estableciendo por primera vez “garantías sociales”.

En ocasión del 104 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, la secretaria de Gobernación declaró la mañana de ayer:

“Ya tenemos el andamiaje constitucional para lograr la cuarta transformación, hasta este momento no tenemos previsto hacer una nueva Constitución, ya tenemos las bases que nos dan este cambio transformador que el Presidente está buscando”.

El amplio conocimiento que la ministra Sánchez Cordero tiene sobre el derecho es sabido, la afirmación de “no tenemos prevista una nueva Constitución” llama la atención, pues no corresponde al Ejecutivo tal tarea, cuyo titular, el Presidente de la República, por cierto, se recupera satisfactoriamente del covid. La reforma de nuestra Carta Magna requiere de un “procedimiento legislativo” particular a través del Constituyente permanente (se precisa para su reforma o adición el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados), quien hasta ahora ha sido obsecuente con las propuestas del Ejecutivo y cuyas deficiencias han tenido, en varios casos, que ser corregidas por la SCJN.

Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mostró con la resolución emitida, en relación con el Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020, y que virtualmente anula la política pretendida por la Sener, que la constitucionalidad prevalece sobre ocurrencias incongruentes con la legalidad.

Un nuevo embate a la Constitución y tratados internacionales, ratificados por el Senado, que también constituyen ley suprema de nuestro país, con la iniciativa que presentó el Presidente ante la Cámara de Diputados hace unos días y que pretende un cambio radical a la política energética vigente para adecuar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada, limitando la producción de electricidad por parte de la industria privada y en beneficio de la CFE.

La mencionada iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, requiere modificaciones a diversos artículos de la propia ley y más grave diversos a la Constitución, que, de ser aprobada, verá la intervención de la SCJN con acciones de inconstitucionalidad promovidas por una oposición organizada que no podría frenar la iniciativa de marras por tener la mayoría en esta legislatura Morena, dicha reforma provocará seguramente controversias internacionales con el T-MEC.

Cambios contrarios a la producción de energía más barata y limpia a través de la generación de energía solar, para lo cual se obliga al Cenace a dar prioridad al uso de energía producida por la CFE; en segundo lugar, la eólica para venta a la CFE; tercero, los ciclos combinados de la propia comisión; y por último, las energías renovables, como la solar que se produce por la iniciativa privada.

Los permisos de generación, que está obligada a entregar la Cenace, podrán ser guillotinados y con motivo de criterios arbitrarios, podrán ser negados.

La iniciativa prevé la obligación de la reguladora a revocar permisos bajo hipótesis supuestas y no hechos comprobados.

El caudal de medidas que contiene la iniciativa son de difícil o imposible realización, al menos a corto plazo y el gran reto para la CFE, es el déficit que crece día a día y que, al no tener una voluntad clara y cierta para incentivar fuentes alternativas de energía renovable, agravan más la situación.