No más clasismo condominal

Este viernes 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX una reforma a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, en materia de derecho a la igualdad y no discriminación. Esta reforma fue producto de una iniciativa que presenté hace algunos meses ante el Congreso capitalino, y fue aprobada por unanimidad hace un par de semanas. La propuesta tuvo por objetivo evitar que, en el futuro, se vuelva a presentar una muy lamentable situación de discriminación en contra de trabajadoras y trabajadores del hogar, como sucedió en un condominio de esta ciudad.

El acto de discriminación al que me refiero se suscitó en el condominio Cumbres de Santa Fe, cuya asamblea de condóminos aprobó un ordenamiento denominado Lineamientos de Convivencia y Sanciones. En este documento se estableció la prohibición para que personal doméstico deambulara, hiciera uso de alguna instalación, paseara por caminos, parques o “cualquier área de uso exclusivo de residentes y sus invitados”, y agregaba que “el personal doméstico deberá permanecer dentro de las residencias”.

En efecto, en pleno siglo XXI, en esta ciudad de “vanguardia”, hay individuos que no pueden tolerar que las personas trabajadoras domésticas puedan sentarse en los jardines de un fraccionamiento o siquiera caminar por los pasillos; creen que aún viven en la época colonial y que las personas trabajadoras domésticas, como si fueran esclavas, no deben salir de la casa o departamento en el que laboran. Cuán equivocados están quienes aún piensan así; parafraseando a Karl Popper, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia.

Frente a este reprobable hecho, un particular presentó una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred), el cual, luego de analizar el caso concluyó que, efectivamente, esos lineamientos vulneraron “los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, al trabajo, a la libertad de desplazamiento y libre desarrollo de la personalidad, en agravio de las personas que prestan sus servicios como trabajadoras del hogar”.

Fue este antecedente el que me llevó a elaborar la iniciativa de referencia pues, conforme a la legislación vigente, la determinación de Copred no es más que una opinión no vinculativa, sin consecuencia alguna para los responsables del acto discriminatorio. La reforma aprobada consiste en que, una vez que Copred haya concluido que la norma de algún condominio es violatoria del derecho a la igualdad y a la no discriminación, la Procuraduría Social revocará del cargo a quien funja como administrador, y se prohibirá a partir de ese momento el cobro de aportaciones, esto con el objetivo de que, en un plazo máximo de treinta días, se reúna la asamblea de condóminos, nombre a un nuevo administrador y se modifique la norma violatoria de derechos humanos. Porque, contrario a lo que la doctrina jurídica ha sostenido por décadas, este caso demuestra que también los particulares –y no sólo las autoridades– pueden ser violadores de derechos humanos.

Finalmente, en esta reforma pudimos agregar otro asunto que no es menor: que aquellas normas condominales que habrán de establecer las medidas y limitaciones para poseer animales de compañía en las unidades de propiedad privativa o áreas comunes, deberán garantizar siempre el bienestar animal, y que los perros de asistencia (aquellos que ayudan a las personas con discapacidad), junto con sus poseedores, podrán hacer uso de las áreas comunes sin restricción.

El régimen condominal, aunque sea de naturaleza privada, no es un territorio ajeno al régimen de protección de derechos humanos del que gozamos todos; no hay una carta de derechos en lo público y otra en la propiedad privada. Debemos aspirar a que la vida condominal sea el reflejo de una sociedad capaz de vivir con los valores de tolerancia, respeto y reconocimiento de las demás personas y sus necesidades. Ése es el camino para la verdadera construcción de la paz.