El Congreso hizo su tarea en el cuidado de los bosques

• La Ciudad de México tiene las herramientas jurídicas que tanto demandó para combatir a los talamontes.

La delincuencia organizada en nuestro país ha crecido de manera alarmante, al grado que no deja un solo espacio para obtener un beneficio, desde el tráfico de estupefacientes, el cobro de piso, las extorsiones y hasta comercializar con la tala de los bosques, sin importarles los daños ecológicos que pueda ocasionar con ellos.

Las autoridades locales, estatales y federales quedaron rebasadas por estos grupos que se apoderaron de grandes extensiones de territorios y sometiendo a los comuneros que cuidan de los bosques.

Un ejemplo claro de ello es lo que sucede en la comunidad de Xonacatlán, en el Estado de México, donde ante la inacción de las autoridades de la entidad mexiquense decidieron armarse y hacerle frente a los talamontes, sin importarles que en ello vaya en riesgo su vida.

Los efectos de la tala clandestina son enormes y los vemos reflejados en el cambio climático, con altas temperaturas en zonas donde muy poco se habían sentido, sequías prolongadas y lluvias torrenciales.

Desde el Congreso de la Ciudad de México tratamos de evitar que estas situaciones peguen en las zonas boscosas de la capital del país, principalmente en alcaldías como Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, principalmente.

En octubre del año pasado el pleno del Congreso aprobó por unanimidad, con el aval del PAN sin regateo alguno, reformas al Código Penal de la CDMX en las que se establecieron castigos de seis a 20 años de prisión contra los talamontes.

Si bien es cierto que la propuesta vino del gobierno capitalino, también es de reconocer que, en estos casos, donde está en juego el medio ambiente, el PAN y las demás bancadas de oposición reconocieron la importancia de poner un freno a este fenómeno delictivo que amenazaba con salirse de control, de acuerdo con las propias denuncias de los vecinos de dichas alcaldías que llegaron hasta el Poder Judicial.

Además de las penas de prisión, también incrementamos las multas a los talamontes que van de las 10 mil unidades de medida, que equivalen a poco más de un millón de pesos.

A diferencia del Estado de México, aquí en la ciudad el gobierno tiene las herramientas jurídicas que tanto demandó para combatir a estos grupos delictivos que han tenido una gran presencia, principalmente en la comunidad de San Miguel Topilejo, en Tlalpan.

Sin embargo, a los diputados de Acción Nacional ahora nos sorprende que después de cinco meses que sacamos de manera unánime las reformas al código penal, no se haya implementado un solo operativo contra los talamontes, así como aseguramientos de aserraderos clandestinos.

¿Qué espera el gobierno de Martí Batres para combatirlos, para frenarlos e impedir que continúe la deforestación de nuestros bosques, de lo poco que queda de ellos?

Los diputados del PAN y de toda la oposición tuvieron la altura de miras para entender la importancia de cuidar nuestros pulmones, y lo hicimos sin regateo político alguno, ahora le toca a la administración local hacer su tarea.