Atemperar la pobreza laboral

El desarrollo económico sigue siendo la clave para reducir la pobreza, sin embargo, ésta resulta no sólo de factores económicos, sino también de los procesos sociales y políticos que interactúan y se refuerzan mutuamente, de forma que pueden aliviar o exacerbar las carencias con las que la población marginada vive.

La interrupción generacional de la pobreza exige medidas a nivel local, nacional y global, a fin de lograr más oportunidades con interacciones entre una serie de fuerzas que tienen que ver con la historia y geografía del país, sus instituciones y opciones de política y los choques externos que se experimentan como, por ejemplo, la crisis sanitaria y económica por la pandemia de covid-19.

En las últimas décadas han surgido diversas estrategias para la reducción de la pobreza, en donde, de forma central, se ha estimado fomentar el crecimiento económico y las políticas para abordar las desigualdades arraigadas con fallas institucionales, barreras y vulnerabilidades sociales, esto deriva en una mayor comprensión de que la pobreza es más que un problema de escasez de ingreso y de falta de educación y salud, se ha mostrado que la población situada en pobreza carece de poder para incidir en los factores sociales y económicos que determinen su bienestar. Es por ello que las mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), derivado de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) sobre los resultados de la pobreza laboral que, sintéticamente, significa que los ingresos de una familia no son suficientes para acceder a una alimentación digna y nutritiva.

En el reporte presentado recientemente con base en el Marco de Muestreo de Vivienda del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 se ajustaron parámetros comparables entre el año 2020 y 2021, por lo que la pobreza laboral aumentó 3.8 puntos porcentuales, al pasar de 35.6% a 39.4%, es decir, más de cinco millones de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo de 2020, y entre los factores que explican este incremento se encuentran la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos, la pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas, destacando la Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales, Quintana Roo con 10.1% y Baja California Sur con 8.3 por ciento.

En el primer trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 4,456.58 pesos al mes, el ingreso laboral mensual de los hombres ocupados durante este periodo fue de 4,787.40 pesos y el de las mujeres de 3,930.86 pesos, lo que indica una brecha entre ingresos laborales por género de 856.54 pesos. Por otra parte, el ingreso laboral real de los ocupados indígenas fue de 2,173.14 pesos, menos de la mitad de los no indígenas.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8%, a esto habría que añadir que en el primer trimestre de 2021 se observó un aumento del índice de precios al consumidor superior al 3.4% derivado, en mucho, por las variaciones en los precios de los energéticos. Ante este escenario, los atenuantes han sido los programas sociales, las remesas provenientes centralmente de Estados Unidos y la contención de los índices inflacionarios.

Será importante reflexionar sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas, en donde se privilegia la medición multidimensional de la pobreza y se acentúa lo tocante a la salud, educación y alimentación.