Parlamento cerrado

Por María Marván Laborde*

Morena y sus dos partidos aliados han aprobado un acuerdo para la realización de lo que ellos llaman foros del Parlamento Abierto de la reforma político electoral que, de acuerdo con el documento que ha circulado, comenzaran este martes 26. Los demás partidos que integran la Junta de Coordinación Política se abstuvieron en la votación.

Todo indica que están pensando en una serie de mesas redondas y programas en el Canal del Congreso, que tendrán la misma lógica de las discusiones sobre la propuesta de reforma eléctrica: Dejemos que hablen todo lo que quieran, pero a la iniciativa no se le mueve ni una coma. Un circo inútil que costará alrededor de 20 millones de pesos, de acuerdo con lo declarado por Ignacio Mier, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados.

Esos foros son todo menos un ejercicio de parlamento abierto, ya que no invitan a la sociedad a participar en un proceso de cocreación de una pieza legislativa que transforme el sistema electoral. El proceso de creación conjunta entre la sociedad y los representantes legisladores es esencial para que un ejercicio deliberativo reciba justamente el nombre de parlamento abierto. En el mejor de los casos, los de Morena invitan a una serie de debates para “fortalecer el análisis de la reforma constitucional remitida por el Ejecutivo federal en materia electoral” y de manera condescendiente agregan: “y las demás análogas”. En todos los casos reservan la última palabra para quienes estén de acuerdo con Morena.

El diseño de los foros está hecho alrededor de la iniciativa presidencial dando por un hecho que ésta se va a aprobar tal y como fue presentada. Como una graciosa concesión para los partidos de oposición dedican un programa en el Canal del Congreso a la segunda vuelta; propuesta hecha en la iniciativa de algunos legisladores del PAN. Otro programa está dedicado a la restauración de la vicepresidencia, idea que el PRI soltó en la rueda de prensa. Hasta ahora, el Revolucionario Institucional no ha presentado formalmente su iniciativa de reforma constitucional.

Ya se ha dicho por muchos analistas que la iniciativa presidencial adolece de legitimidad de origen. Nació de manera unilateral, casi podemos afirmar que la diseñaron en soledad dos personas: Pablo Gómez y Horacio Duarte. Ni siquiera tuvieron la mínima cortesía de explicársela a Adán

Augusto López, secretario de Gobernación y corcholata en el prematuro juego de sucesión presidencial.

Cuando el secretario explicó la iniciativa —es un decir— en la conferencia matutina, dijo que habría una reducción de la Cámara de Diputados de 500 a sólo 300 representantes, porque desaparecería la representación proporcional. Cuando en la tarde de ese día se liberó la iniciativa, muchos fuimos los sorprendidos porque lo que desaparecería sería la mayoría relativa y los 300 representantes serían elegidos a través del sistema de representación proporcional.

La iniciativa presidencial propone una transformación del sistema electoral de proporciones mayores, quizá sólo equiparable a la Ley Electoral de 1946, que cerró el sistema electoral hasta convertir al PRI en un partido hegemónico, o la reforma de 1977, que inició el proceso de apertura del sistema político mexicano. Como la ley de 1946, está hecha desde el Ejecutivo, para la consolidación y anhelada perpetuación del grupo en el poder.

Una reforma electoral democrática, por definición, debe nacer de un amplio proceso de discusión y negociación con la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y de todos los partidos políticos, especialmente de los partidos que están en la oposición. Las leyes electorales son determinantes en el acceso al poder de las fuerzas políticas reconocidas y legitimadas en un país. Si una ley electoral está hecha por un solo partido, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que quien se adjudicó el derecho de la autoría, será la única fuerza política beneficiada en caso de que se consiguiera la aprobación de ésta.

La única discusión, que en estos momentos podría darse en México en clave democrática, sería plantearnos si es momento de hacer una reforma electoral de las dimensiones propuestas y, si acaso la respuesta fuese afirmativa, entonces habría que empezar de cero. Convocar a la sociedad y a todos los partidos políticos a construir la agenda de los temas que requieren reformas, retoques o verdadera transformación.

Negarse a la participación en estos “foros de parlamento abierto” no es un tema de cerrazón a un proceso democrático, es un acto de denuncia a una simulación y un rechazo a una propuesta de reforma constitucional que no tiene nada de democrática.

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.