Prevención y participación ciudadana

Siempre he tenido la convicción de que la vida democrática sólo tiene sustento y sentido si está basada en una ciudadanía responsable y autónoma, crítica y participativa, en pleno ejercicio de sus derechos y libertades, así como en un piso firme e incluyente de legalidad, en el marco de la pluralidad política. Esto implica generar las condiciones para que todas las personas tengan la posibilidad real, no sólo formal, de ejercer y hacer valer sus derechos. Estoy convencido, asimismo, del valor fundamental de la cohesión social que, dentro de la diversidad, ofrezca a toda la gente oportunidades de desarrollo, pertenencia y agregación de valor en sus comunidades. Las diferentes formas de marginación, exclusión, discriminación y violencia son, en contraparte, factores disruptivos del tejido social y causa de muchos de los problemas y fenómenos asociados a la vulneración de derechos, la violación de las leyes y la delincuencia. La legalidad democrática y la inclusión social constituyen, pues, el basamento de una sociedad de derechos y bienestar, cuya conjugación forma el círculo virtuoso de la civilidad y la paz.

Frente a los desafíos de la violencia y la delincuencia, además de las funciones esenciales del Estado en los ámbitos de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, son también imprescindibles las políticas públicas en materia de prevención social y participación ciudadana. Con esa visión, desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto definió objetivos y trazó estrategias integrales para fortalecer la coordinación institucional frente a la inseguridad pública y el crimen organizado, así como para reconstruir el tejido social y promover la participación ciudadana en las poblaciones con mayores factores de riesgo, con el fin de erradicarlos o mitigarlos. El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) es el instrumento programático del Gobierno de la República para determinar y alinear los objetivos en materia de prevención, mediante la articulación de capacidades, recursos y acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades más afectadas y los gobiernos de los estados y los municipios. Los avances y resultados en la implementación de esta política pública han sido significativos. La clave, ahora, es lograr su consolidación y perfeccionar sus procesos de diagnóstico, instrumentación, evaluación y rendición de cuentas, con especial énfasis en la atención de los factores de riesgo más críticos, entre los cuales destacan la exclusión social, la violencia intrafamiliar, las adicciones, la inequidad de género, el deterioro de los espacios públicos y, desde luego, la falta de oportunidades de educación y empleo, sobre todo entre la población joven.

El jueves 25 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong me confirieron la responsabilidad de conducir las funciones de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. La confianza depositada en mí y la oportunidad de contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia, exigen una dedicación íntegra al desempeño de mi cargo. Por esta razón, no podré seguir colaborando en Excélsior como lo he hecho en los últimos seis años. Agradezco a esta gran empresa periodística el generoso espacio que me ha dado para expresar libremente mis ideas sobre los asuntos de la esfera pública de nuestro país; y agradezco también a los amables lectores que tuvieron interés en mis textos y me enriquecieron con sus comentarios y críticas.