Vinculan a proceso a la exdirectora del INVI en BCS por presunto desfalco

Este 24 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso de Fernanda "N", exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), por su presunta participación en un esquema de desfalco de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión, tomada por un juez de control tras la segunda parte de la audiencia inicial, marca el inicio formal de una etapa clave en un caso que combina corrupción administrativa, presunto financiamiento político irregular y una red de exfuncionarios bajo investigación.

La resolución judicial no solo alcanzó a Fernanda "N". También fueron vinculados a proceso otros dos exfuncionarios del INVI, señalados por su presunta participación en el manejo irregular de recursos durante los primeros años del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío.

Según la Fiscalía, existen elementos suficientes para presumir que los implicados operaron un esquema de desvío de fondos públicos, cuyas rutas financieras aún se encuentran bajo análisis.

El caso no es aislado. En 2024, el exjefe de contabilidad del Instituto, Javier Ramírez, fue vinculado a proceso por un desfalco de 55 millones de pesos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura interna que habría facilitado estas operaciones.

Entre lo acreditado y lo investigado

Uno de los puntos más sensibles del expediente radica en la diferencia entre lo que se investiga y lo que, hasta ahora, ha sido acreditado judicialmente.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción:

La cantidad directamente imputada a Villarreal asciende a 762 mil pesos por uso indebido de recursos durante su gestión.

En el caso de Juan Manuel Reyes, exdirector de Finanzas, se acreditó un desvío de 382 mil pesos.

Mientras que Jonathan N, señalado como particular involucrado, enfrenta cargos por un millón de pesos.

Sin embargo, el expediente contiene declaraciones que amplían el alcance del caso. Testimonios apuntan a que Villarreal habría canalizado al menos 13 millones de pesos hacia actividades políticas vinculadas a la campaña interna de Adán Augusto López Hernández entre 2022 y 2023. Estas líneas de investigación continúan abiertas y no han sido plenamente judicializadas.

Medidas cautelares: proceso en libertad

Pese a la gravedad de los señalamientos, los imputados enfrentarán el proceso en libertad. El juez impuso medidas cautelares con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre ellas destacan la firma periódica mensual, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, así como la restricción de acercarse a las instalaciones del INVI o de establecer contacto con víctimas y testigos.

Estas disposiciones configuran un escenario en el que el proceso judicial avanzará sin prisión preventiva, una decisión que ha generado cuestionamientos en la opinión pública.

El caso adquiere una dimensión adicional por el contexto político. Fernanda "N" no solo encabezó el INVI, sino que también participó como operadora en la campaña interna de Morena, lo que abre interrogantes sobre el posible uso de recursos públicos con fines electorales.

Aunque la Fiscalía ha sido cautelosa y ha delimitado, por ahora, los montos acreditados, la narrativa judicial podría ampliarse conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

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