Avanza investigación por red de fraudes inmobiliarios; revisarán notarías en Veracruz

El Gobierno de Veracruz y el Poder Judicial mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre una presunta red de fraudes y despojos inmobiliarios que operó durante años en distintas regiones del estado, particularmente en Xalapa, Perote y San Rafael.

Las autoridades reiteraron que no habrá protección para ningún funcionario involucrado y que los casos se llevarán hasta sus últimas consecuencias.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, no se trata de un “cártel” en el sentido criminal tradicional, sino de un entramado de defraudadores integrado por notarios, personal del Registro Público de la Propiedad, abogados y particulares, quienes habrían aprovechado vacíos legales y posibles complicidades institucionales para despojar a ciudadanos de sus bienes.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que esta red operaba desde hace años, pero fue “parada en seco” en la actual administración.

Entre las prácticas detectadas se encuentran el uso indebido de sellos oficiales, la inscripción irregular de contratos privados para facilitar despojos, la agilización de trámites mediante pagos extraoficiales y la participación de pseudoabogados que se enfocaban principalmente en personas adultas mayores.

De acuerdo con el marco legal vigente en Veracruz, los presuntos delitos descritos encuadran, entre otros, en los tipos penales de fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso de documento falso, previstos en el Código Penal del estado, los cuales pueden alcanzar penas de prisión y sanciones económicas cuando existe participación de servidores públicos o afectación patrimonial reiterada.

Asimismo, la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz faculta al Ejecutivo, a través de la Dirección General del Registro Público y de Inspección y Archivo General de Notarías, a realizar visitas de inspección ordinarias y extraordinarias a las notarías cuando existan indicios de irregularidades, con la posibilidad de imponer suspensiones temporales o revocar patentes notariales.

Estas facultades han sido señaladas por autoridades estatales como uno de los principales mecanismos para documentar y frenar esquemas de despojo inmobiliario, particularmente en casos que involucran a personas adultas mayores, consideradas grupo de atención prioritaria conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

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