Magistrada se excusa y frena caso clave de trata de personas en el Bar Adelitas de Tijuana

La magistrada Priscilla Velásquez Plasencia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, recurre a interpretaciones legales para evadir una resolución y evitar la ratificación de una orden de aprehensión contra el líder de una organización criminal internacional dedicada a la trata de personas, con base en Tijuana.

Velásquez Plasencia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, presentó un oficio de impedimento para excusarse de conocer dos amparos en revisión relacionados con víctimas del caso del bar Adelitas, en Tijuana.

Se trata de los expedientes 53/2025 y 75/2025, recursos que forman parte de la ruta judicial para confirmar órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra presuntos integrantes de una organización dedicada a la explotación sexual.

En el documento, entregado el 27 de enero de 2026, la magistrada argumenta que su anterior desempeño como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, entre 2019 y 2021, podría representar un riesgo de afectación a su imparcialidad, debido al contacto institucional que tuvo con mujeres víctimas de violencia y explotación.

Reconoce que no participó de manera directa en los hechos hoy judicializados, sostiene que no puede descartarse una posible vinculación institucional previa, lo que, a su juicio, constituye un “riesgo razonable” para la objetividad del tribunal.

Sin embargo, de acuerdo con carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), las víctimas del caso Adelitas nunca tuvieron contacto con autoridades municipales o estatales, ya que se encontraban bajo control total de la red criminal.

La estructura criminal, encabezada por Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, operaba mediante coacción, vigilancia y amenazas constantes, lo que impedía cualquier acercamiento institucional de las denunciantes al estar vinculadas a la organización de Trata de Personas.

Aun así, el impedimento de la magistrada ha sido interpretado por especialistas como una lectura excesivamente amplia del principio de imparcialidad.

Si haber trabajado en atención a víctimas se vuelve causal de excusa automática, mañana ningún juez con experiencia en derechos humanos podrá resolver estos asuntos”, señaló el abogado en derecho penal Adrián Sámano González.

Agregó que “Es como prohibir que quien combatió la corrupción juzgue desvíos de recursos”.

La preocupación crece porque los amparos que ahora quedan en el aire son claves para consolidar los procesos penales contra Jiménez Loza y otros integrantes de su red, por delitos como prostitución forzada, delincuencia organizada y trata de personas.

Además, el presunto líder criminal cuenta con una orden de aprehensión vigente y ficha roja de la Interpol, lo que confirma su carácter de prófugo de la justicia.

Fuentes judiciales advierten que, si más integrantes del tribunal se declaran impedidos o incompetentes, los expedientes podrían trasladarse a otros juzgados del país.

Uno de los escenarios posibles es que los casos terminen en manos de la jueza Lorena Cañez Holguín, quien en meses recientes concedió amparos que frenaron la ejecución de órdenes de captura contra “El Padrino”. Este movimiento procesal, lejos de ser menor, podría redefinir el rumbo de toda la investigación.

Casualmente, el pasado 11 de diciembre de 2025, el abogado defensor de “El Padrino”, Enrique Ambriz Avelar solicitó través de un escrito, la incompetencia de este tribunal para la revisión de los amparos.

Solicito a Sus Señorías procedan a declararse INCOMPETENTES en razón del territorio, para conocer del Amparo en Revisión Penal que nos ocupa y, por los motivos y fundamentos ya expresados, tengan a bien REMITIR LAS CONSTANCIAS al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, para la substanciación del recurso, por ser éste el órgano competente para conocer de este juicio de amparo”

A la par, informes internos de la FGR señalan que Jiménez Loza habría sido detectado viajando de distintos puntos del país a Tijuana por vía aérea, para después trasladarse a Mexicali de forma terrestre, donde se habría reunido con su defensa legal.

Algunas de esas reuniones, según los reportes, coincidieron con encuentros entre abogados del imputado y miembros del tribunal colegiado. Ante estos indicios, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, ya se desplegaron en Tijuana y Mexicali para indagar una posible red de corrupción entre operadores judiciales y la organización criminal.

Mientras tanto, las víctimas del caso Adelitas siguen esperando justicia, mientras el sistema judicial, queda bajo escrutinio: entre el legítimo cuidado de la imparcialidad y el riesgo de convertirla en un pretexto que frene procesos clave contra el crimen organizado.

jcp