Usar facturas falsas es crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO.

Cualquier daño al fisco federal, como usar facturas falsas u operar empresas fantasma, será considerado una amenaza a la seguridad nacional.

Incluso estas últimas prácticas serán castigadas como delincuencia organizada y merecerán la prisión preventiva oficiosa.

El Senado aprobó que estos criterios entren en vigor el 1 de enero, junto con el Paquete Económico, y apliquen de manera retroactiva a los casos que hoy se investigan.

En la discusión, el PAN y el PRI alertaron del riesgo de considerar amenaza a la seguridad nacional el daño al fisco, pues equipara una omisión fiscal con delitos tan graves como el terrorismo.

Samuel García, de MC, se arrepintió de proponer que sean amenaza a la seguridad los actos ilícitos contra el fisco, ya que en tribuna dijo que era un despropósito. Su bancada, impulsora de la reforma, votó en contra en lo particular. Ricardo Monreal propuso cambios para proteger a empresarios honestos y clarificó que será delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea mayor a 7.8 mdp.

Endurecen castigo a falsa facturación

El Senado aprobó considerar como amenaza a la seguridad nacional todos los actos ilícitos en contra del fisco federal, así como castigar como delincuencia organizada y aplicar prisión preventiva oficiosa a quien use facturas falsas y empresas fantasma, por un monto que rebase los 7.8 millones de pesos.

Decidió también que estos criterios se aplicarán de manera retroactiva, a pesar de que estas reglas entrarán en vigor junto con el paquete económico el 1 de enero.

En medio de una polémica jurídica, en la que el PAN y el PRI alertaron de los graves riesgos de considerar amenaza a la seguridad nacional el daño al fisco, porque equiparan una omisión fiscal con delitos tan graves como el terrorismo e insistieran una y otra vez que no pueden llevar a la ley la disposición oficiosa para un delito no considerado en la Constitución, Morena y sus aliados políticos decidieron sólo hacer precisiones, pero sin retirar las llamadas zonas polémicas de la reforma.

La discusión forma reveló que el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se arrepintió de haber propuesto inicialmente considerar como amenaza a la seguridad nacional todos los actos ilícitos en contra del fisco federal, pues ayer desde tribuna consideró que era un despropósito y al final los senadores de Movimiento Ciudadano, que fueron impulsores de la reforma, votaron en contra en lo particular.

La reforma fue aprobada en lo general por 82 votos de Morena, MC, PT, PES y Verde Ecologista, mientras que en lo particular se avaló por 66 votos de Morena, PT, PES y Verde, contra 45 del PAN, PRI, MC y PRD, cuyos integrantes insistieron en su vulnerabilidad constitucional.

Los integrantes de Morena presentaron las propuestas de cambio. Primero para que entre en vigor el 1 de enero de 2020, junto con la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos; luego, para aclarar que su aplicación será retroactiva a los casos actuales que se investigan, porque se trata de averiguaciones vivas.

Y Ricardo Monreal propuso los cambios que, explicó, buscan proteger a los empresarios honestos y clarifica que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a siete millones 804 mil 230 pesos; y la prisión preventiva oficiosa aplicará al contribuyente o contribuyentes que expidan comprobantes fiscales que amparen inexistentes, falsas o actos jurídicamente simulados, operaciones que rebasen los siete millones 804 mil 230 pesos.

También añade que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; es decir, cuando el delito sea cometido por un contribuyente o dos.

Será sancionado con las mismas penas al que, a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, señala la reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados.