El manejo oficial de la captura de Ismael El Mayo Zambada es una evidencia de la crisis que afrontan nuestras fiscalías en su capacidad para la investigación de los delitos.
Y es que, a casi dos años del traslado del capo de Sinaloa a Nuevo México, el gobierno optó por focalizarse en la posible violación a la soberanía nacional que habrían cometido agencias estadunidenses.
Pero en el intento por documentar la hipótesis intervencionista en el secuestro del narcotraficante, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) terminó exhibiéndose como guionista de ocasión.
Porque al atender el encargo de indagar sobre la aeronave en la que El Mayo y Joaquín Guzmán López llegaron a EU, la FGR se enredó en el relato del piloto del Cártel de Sinaloa, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando.
Y lo que inició como reclamo soberano por probable injerencia del FBI en la detención, acabó en comedia cuando la FGR informó que al conductor lo extraditó, a petición de los estadunidenses y sin saber quién era.
“Es una grave falla en los sistemas de investigación y en los trabajos de acreditación de personalidades. Los sistemas de inteligencia no pueden mantenerse 10 meses sin saber quién era el piloto”, cuestionó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
La extradición de El Jando ocurrió en agosto del año pasado, dentro de un grupo de 25 delincuentes solicitados por el vecino, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, ahora embajador en Gran Bretaña.
Mas el reparto de culpas personales resulta ridículo, porque el visto bueno del traslado lo otorgó el Gabinete de Seguridad; se dice que, de manera colegiada, en tanto interlocutor de sus pares en Estados Unidos.
Al margen de lo que sea creíble o inventado, la historia del piloto, un distractor para no afrontar los señalamientos del Departamento de Justicia de EU contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, confirma la advertencia de 2024: más que destruir al Poder Judicial habría que reformar a las fiscalías.
Fue en Culiacán donde el 8 de agosto de ese año se habló de la omisión mayor de la iniciativa que el presidente López Obrador envió para que ministros, magistrados y jueces fueran electos en las urnas.
Ante la alerta de expertos y activistas de derechos humanos de que la impunidad tenía en los ministerios públicos a su principal aliada, se armó de última hora el foro Impartición, procuración de justicia y seguridad pública.
El cierre de los llamados diálogos a los que convocó la Cámara de Diputados se realizó en el Congreso de Sinaloa, en señal del respaldo de Morena al gobernador Rubén Rocha Moya, ya en la mira de la opinión pública por lo sucedido dos semanas atrás con El Mayo y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, diputado electo del PRI.
“Este tema no está incluido en la iniciativa presidencial, pero es ineludible tratarlo. Estamos, junto con el fiscal Gertz, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia”, anunció Monreal, jefe entonces de los senadores de Morena.
Faltaban dos días para que El Mayo difundiera la carta en la que se describe emboscado por su ahijado, Guzmán López, quien lo convocó para que intermediara en el pleito entre el gobernador Rocha y Melesio Cuén, ambos exrectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Confiados en el triunfo electoral reciente, el organizador de los foros, líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, hoy con ese cargo en el Senado, exaltó al anfitrión:
“Tenemos un amigo en común, un hombre sabio, un hombre de lucha, maestro rural, académico, investigador, escritor, político, hombre de su tiempo, hoy gobernador del estado, un gran gobernador, mi querido amigo Rubén Rocha Moya”.
Sin imaginar que una semana después presentaría su renuncia, ante la acusación de Gertz Manero de que montó la escena del supuesto asalto en que murió Melesio Cuén, la fiscal estatal Sara Bruna habló de los pendientes de su sector:
“Se nos dijo que deberían de ganar igual los agentes del Ministerio Público y los jueces. No es así, y yo aprovecharía porque, si va a haber alguna reforma, que se haga realidad esa promesa. Estamos bastante abajo”.
La ahora titular de la FGR, Ernestina Godoy, se manifestó en el mismo sentido: “A las fiscalías también tenemos que fortalecerlas, para que investiguen mejor, en los métodos, etcétera”.
Y el ahora gobernador con licencia se jactó: “Somos una camada de políticos reformadores que, encabezados por el presidente Andrés Manuel, hemos reformado este país (…) Nosotros, le rendimos pleitesía”.
A casi dos años de distancia de aquel encuentro, la protección que el gobierno sigue dando a Rocha Moya confirma sus palabras.
También le dan la razón al gobernador con licencia la nula investigación en torno a su declarado viaje a Los Ángeles el 25 de agosto de 2024, el montaje de la fiscal Bruna y el asesinato de Melesio Cuén.
Realidades que explican por qué la prometida reforma a la fiscalía sigue pendiente.
Y la vigencia de lo dicho ahí por la representante de la organización Cero Impunidad, Leslie Jiménez: “Vivimos en un país en donde la probabilidad de que se resuelva un asunto es de 1%. Tenemos una impunidad de 99%”.
P.D.: Tomamos una pausa. Nos reencontramos en agosto.