Una desordenada reconstrucción de sismos 2017: ASF

CIUDAD DE MÉXICO.

El deficitario e inconcluso proceso de reconstrucción de los sismos de 2017 da cuenta de la ineficiencia, el desorden y la opacidad que privaron en diversas instancias de la administración pública federal y estatales, dejando sin vivienda, sin escuelas y sin servicios de salud a millones de mexicanos.

Ese es el panorama que puede documentarse con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, al revisar lo sucedido, concluyó que la Sedatu no garantizó una asignación transparente y efectiva de apoyos a los damnificados.

Y para la rehabilitación de escuelas, en Chiapas, Oaxaca y Morelos se ejercieron recursos en conceptos no autorizados, mientras la comprobación de gastos no fue adecuada, además de que se hicieron pagos excesivos a contratistas.

Una de las lecciones más dramáticas de lo sucedido hace cuatro años es que “el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil”.

Así lo señala la ASF en un reporte que también precisa que, de acuerdo con la última información pública disponible en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al 29 de mayo de 2019, había 5 mil 83.0 millones de pesos entregados a las donatarias autorizadas, sin que se precisara el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México.

“Del monto total donado, 2 mil 460.0 millones de pesos, 48.4%, se reportaron como distribuidos en las entidades federativas afectadas por los sismos de 2017”, se precisa en el reporte.

También la Secretaría de Salud mostró inconsistencias en el proceso de atención, ya que en los diagnósticos identificó 132 unidades médicas afectadas, en la evaluación de daños 39 y en el programa de obras registró 44 inmuebles, sin que se explicara y documentara la diferencia de cifras.

“La dependencia reportó que reconstruyó o rehabilitó 28 (21.2%) unidades médicas de las 132 afectadas, pero careció de la evidencia para comprobar”, concluyó la ASF.

Respecto a los daños patrimoniales al erario, en esto habrían incurrido autoridades y dependencias de tres estados: Morelos, Oaxaca y Chiapas; de dos secretarías: Sedatu y Marina; de tres entidades federales: Conagua, Comisión Nacional de Vivienda e Inifed, y del Hospital General Dr. Manuel Gea González.   

Así lo documenta el informe que, a petición de la Cámara de Diputados, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le entregó en 2020, el cual incluye 389 acciones emitidas por la fiscalización a diversos procesos de reconstrucción en los que se ejercieron recursos de 2017 y 2018.

De ese total, el 9% mereció pliegos de observaciones que presumen un daño o perjuicio o ambos ocasionados al erario o al patrimonio de las secretarías, entidades e instituciones que fueron revisadas y en los que habría una presunta responsabilidad económica por parte de los infractores.

Por la falta de comprobación en el ejercicio del gasto de los recursos asignados, generando el retraso e incumplimiento de las metas, la ASF contabilizó 36 casos en los que esos gobiernos estatales e instancias señaladas afectaron a la hacienda pública por un monto total de 289 millones de pesos.

Para cuando se entregó el informe a la Cámara de Diputados, en febrero de 2020, había en curso 275.5 millones de pesos en probable recuperación; 7.6 millones de pesos se habían sustituido por nuevas acciones; 5.9 millones de pesos estaban por aclararse y hasta entonces no se habían recuperado importes derivados de los pliegos de observaciones.

En cuanto al resto de las acciones emitidas por la ASF, 102 fueron recomendaciones; 100 recomendaciones al Desempeño; 136 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 13 sugerencias a la Cámara de Diputados; 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y los citados 36 pliegos de observaciones.

De acuerdo con el reporte entregado en 2020, el probable daño patrimonial por las fallas y omisiones en los procesos de reconstrucción se dieron en la Comisión Nacional de Vivienda, Conagua, gobierno de Oaxaca (con 3 casos), Inifed Chiapas (6 casos ); Inifed del Estado de Morelos (6 casos), Instituto Nacional del Emprendedor, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (4 casos), Sedatu (4 casos), en el gobierno del estado de Morelos (4 casos), Hospital General Dr. Manuel Gea González, Inifed federal (2 casos ), y Secretaría de Marina (3 casos).

En cuanto a las acciones de fiscalización emitidas en la Cuenta Pública de 2017, Conagua fue la que más señalamientos obtuvo: 36 de las 168 en total y el Inifed 19.

En la Cuenta Pública 2018, se emitieron 221 acciones: Inifed tuvo 46 y la Semar 24.

El informe presentado en febrero de 2020 se sustentó en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF para responder a la petición que hace tres años, el 19 de septiembre de 2018, en ocasión del primer aniversario de los sismos, le hizo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que encabezaba Mario Delgado Carrillo, ante las denuncias de los legisladores de las irregularidades que los procesos de reconstrucción observaban. 

La separata entregada con el nombre de Resultados de la Fiscalización del Proceso de Reconstrucción de los Daños Ocasionados por los Sismos de Septiembre de 2017 detalla que la ASF realizó un total de 32 auditorías de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, fiscalizando 19 mil 804.8 millones de pesos: 397.8 millones de pesos de recursos presupuestales, 18 mil 380.5 millones de pesos del Fonden, 133.3 millones de pesos del Fondo Nacional Emprendedor y 893.2 millones de pesos de la utilización de una línea de crédito de Cibanco a terceros.

La ASF concluyó que hubo “una deficiente gestión gubernamental para atender las afectaciones por los sismos de 2017 al no garantizar que los recursos públicos federales aplicados contribuyeran a resarcir los daños provocados en la infraestructura de las viviendas”.

En la Cuenta Pública de 2018, se revisaron 632.5 millones de pesos que la Sedatu solicitó al Banobras, en su carácter de fiduciario del Fonden, a fin de que realizara pagos a 21 beneficiarios (proveedores, contratistas y unidades administrativas de la Sedatu) para la remoción de escombros y reconstrucción de infraestructura vial urbana, carga mecánica y acarreo a banco de desperdicio.

Se detalla que la Sedatu careció de un saldo confiable sobre las viviendas afectadas que debía atender; se detectó que 2 mil 378 tarjetas con 117.8 millones de pesos se otorgaron, aun cuando había discrepancias en la información de los beneficiarios.

De los recursos otorgados a la Sedena, para la reconstrucción de 15 inmuebles en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Morelos, se observó incumplimiento a la normativa en la adjudicación de los contratos por deficiencias en la investigación de mercado y la selección de los proveedores; así como en la ejecución de las obras, ya que no contaron con proyectos de ingeniería y arquitectura, normas de calidad y especificaciones de construcción, descripción pormenorizada del presupuesto, programas de ejecución, de suministro y utilización de los insumos y bitácoras, enumera la ASF.

En la fiscalización, se identificaron variaciones de 2.0 hasta 65.6 millones de pesos, “entre los costos paramétricos utilizados, y los autorizados”.

En el reporte se concluye que “aun cuando la Sedena realizó la reconstrucción de sus inmuebles, no se tienen elementos de convicción que sustenten que los importes solicitados y ejercidos, fueron los necesarios, lo que restó transparencia al ejercicio de los recursos públicos”.

En cuanto al desastre en las donaciones, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Coordinación Nacional de Protección Civil, integrantes todos del Consejo Nacional de Protección Civil no establecieron las bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos, mandatados por la Ley General de Protección Civil.

En cambio, “la SHCP sólo emitió el Comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México, para canalizar las aportaciones por los sismos, sin que se justificara, fundamentara y motivara esa decisión”.

Otra omisión importante en el tema de los donativos internacionales fue la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no los registró, “aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo ordena su registro, por lo que desconoció el monto total de lo donado y aportado, así como el ejercicio de los recursos financieros”, se detalla en el reporte de la ASF.

Se trata de una larga y detallada lista de fallas en la reposición o rehabilitación de escuelas, destacando el hecho de que la SEP no supervisó que Oaxaca iniciara, de manera oportuna, las acciones para atender los planteles escolares dañados, no obstante que los recursos fueron autorizados en noviembre de 2017.

También se habla de falta de criterios para determinar los recursos económicos que serían necesarios para la atención de este problema en la entidad; de la falta de informes de avance físico y financiero de las obras y de sustento en la aplicación de penas por el retraso de instalación de aulas móviles y módulos sanitarios por un total de 4.2 millones de pesos.

En Chiapas, no se reintegraron al patrimonio del Fonden 0.2 millones de pesos por concepto de anticipos de obras canceladas ni la instalación de 224 aulas móviles por 66.4 millones de pesos.

Participan más de 3 millones en simulacro

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2021 participaron más de 3 millones 69 mil personas, con el registro de 42 mil 827 inmuebles, en todo el país, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que, en el ejercicio, por parte del gobierno de México participaron 29 dependencias e instituciones, con 7 mil 111 inmuebles y 362 mil 615 servidores públicos.

En conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil, las actividades iniciaron a las 7:19 horas, con el izamiento a media asta de la bandera en el Zócalo capitalino, en una ceremonia encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en homenaje a las víctimas de los sismos ocurridos en septiembre de 1985 y 2017.

Posteriormente, en el Valle de México, a las 11:30 horas, se activó la alerta sísmica, bajo la hipótesis principal de un sismo reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con magnitud 7.2, percibido en gran parte de la zona centro del país.

En los ejercicios llevados a cabo en el país destacaron aquellos donde se hicieron simulacros de incendios, accidentes y explosiones a causa de un sismo.

David Vicenteño

Pendiente, edificación de la Marina por el sismo

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF),  la Secretaría de Marina ejerció 384.6 millones de pesos para acciones de reconstrucción de edificios, como parte de los recursos del Fonden. 

“Se determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los trabajos de obra de los 6 contratos seleccionados para su revisión”, destaca el reporte.

Por ejemplo: no se localizó evidencia que justificara 5 contratos para la reposición de equipo y mobiliario; en otros casos no se acreditó que se hubiera elegido al contratista que mejores condiciones ofrecía ni hubo evidencia de un seguimiento en la ejecución de algunas obras. 

“En un contrato, los documentos que sustentan la ejecución y conclusión de los trabajos fueron suscritos por un Residente de Obra sin contar con facultades para ello”, se ilustra en el reporte. La auditoría mostró que el Gobierno Federal no garantizó que se resarcieran las afectaciones provocadas en la infraestructura médica.

Si bien el documento incluye diversas fallas en la reconstrucción en el sector salud, el daño patrimonial se refiere al Hospital Gea González que habría recibido una asignación de 34.4 millones de pesos para las obras respectivas.

En ese caso, no se contó con la autorización del impacto ambiental ni se presentaron las memorias de

cálculo estructural del inmueble remodelado; tampoco se proporcionaron los planos estructurales de ingeniería de los inmuebles a remodelar; respecto a la licitación, se omitieron costos de los insumos; se formalizó el acta de entrega-recepción de la obra, sin la documentación requerida; y se efectuaron pagos en exceso por diferencias de volúmenes entre lo cobrado contra lo revisado.

 En 2018, la Conagua erogó 326 millones de pesos como ejecutor de gasto del Fonden, para obras diversas en Chiapas, Morelos y Oaxaca.

Destacan, entre las fallas señaladas por la ASF, la falta de acreditación en la prestación de servicios en el sector educativo y de las penalizaciones que habría aplicado a sus contratistas por atrasos en las obras y la entrega de aulas móviles y módulos sanitarios.

En cuanto a la Comisión Nacional de Vivienda, se indica falta de comprobación en los apoyos a damnificados y de la gestión con proveedores. “Tampoco realizó el reintegro oportuno a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos por 37.2 millones de pesos, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 2017”, se ejemplifica.

Ivonne Melgar

Historia de un hospital perdido

Por Ivonne Melgar

Inservible desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, el que un día fue el hospital civil más grande de México, el San Alejandro del Seguro Social, con 500 camas, sigue haciéndole falta a Puebla porque hasta ahora no se ha rehabilitado.

Su pérdida hace cuatro años es parte de las historias de la fallida y pospuesta reconstrucción en un sector salud al que le sigue lloviendo sobre mojado.

Porque, a decir del diputado federal Mario Riestra Piña (PAN), a los paralizados trabajos para recuperar el servicio de aquel hospital, de donde apenas empezaron a retirar la estructura, se suma ahora la pésima noticia de que “para el proyecto de presupuesto de egresos del 2022 no incluyen un solo peso para la reconstrucción de San Alejandro, ni uno solo”.

Muchas dudas rondan sobre la reposición de esa obra vital para los poblanos, un predio en ruinas desde donde el legislador inició su campaña electoral en 2021, con la promesa de hacer las gestiones correspondientes.

En entrevista, cuenta que recientemente representantes del sindicato del Seguro Social le alertaron que se desconoce hacia dónde se están llevando el desecho del valioso metal de la fachada que tenía el San Alejandro.

Detalla que, de acuerdo con anuncios de la Delegación del Seguro en Puebla, ahora se continuarán los trabajos de demolición y en 2022 “van a empezar algunos de reconstrucción y les va a tomar hasta el 2024 terminar el hospital y, ojo, de sólo 180 camas”.

Esto significa, lamenta el diputado Riestra Piña, que las autoridades del Seguro Social “ya están reconociendo que no le van a cumplir a Puebla con las 500 camas que se perdieron en el hospital en 2017, y mucho menos con las casi 900 camas que le hacen falta a la entidad, de acuerdo con los propios indicadores del IMSS”.

El caso del hospital San Alejandro está contenido en la auditoría 282-DS que la Auditoría Superior de la Federación reportó en el informe espacial entregado a la Cámara de Diputados, correspondiente a la Cuenta Pública del año 2018.

Se habla de deficiente planeación, programación y presupuestación del proyecto, “ya que únicamente se habían estimado y pagado el 3.1% de avance respecto del importe comprometido en tres contratos de servicios y uno de obra pública, lo que ha traído como consecuencia el incumplimiento de las metas establecidas”.

Previamente, tampoco se tramitaron los permisos ni licencias de construcción correspondientes ni se contó con los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

Esas fallas continúan, afectando a los derechohabientes en la zona metropolitana de Puebla.

Se trata de un problema de competencia federal que el covid a agravó.  

 “Cuánto nos estaría ayudando ahorita contar con el hospital San Alejandro para atender la pandemia. Puebla cerró la semana como el estado con mayor ocupación hospitalaria de todo el país”.