Tierras, jueces y presión política en Nayarit

La disputa por las tierras de mayor plusvalía en la costa de Nayarit dejó hace tiempo de ser únicamente un pleito entre propietarios y autoridades. Abogados que participan en estos litigios denuncian ahora presiones desde el propio sistema judicial, particularmente en procesos relacionados con terrenos reclamados por el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

En el centro de los señalamientos aparece Xavier Alberto Rivas González, juez de control del sistema penal acusatorio y oral de Nayarit, cuya calidad como juzgador está acreditada en documentos oficiales del Poder Judicial estatal. En 2025 también figuró entre los candidatos de la elección judicial local y posteriormente rindió protesta como juez electo.

Entre litigantes que llevan asuntos vinculados con terrenos del FIBBA ya existe incluso un sobrenombre para identificarlo: “el juez del FIBBA”. No se trata de una denominación oficial. Son los propios abogados quienes aseguran que diversos expedientes relacionados con predios de alto valor han terminado bajo su jurisdicción y cuestionan la recurrencia con la que, se ordenan medidas cautelares severas en este tipo de procesos.

Joel Alejandro Fernández Pérez, abogado defensor en uno de estos casos, sostiene que durante una audiencia Rivas González volvió a imponer prisión preventiva a un trabajador identificado como Javier, aun después de que la defensa obtuvo un amparo relacionado con la medida cautelar.

De acuerdo con la audiencia que tiene en grabación Excélsior, al concluir solicitaron copia del audio y video para continuar con su estrategia jurídica. Fue entonces cuando, ocurrió un episodio que consideran intimidatorio.

El juez los apercibió para que no difundieran públicamente la grabación de la audiencia y les advirtió que, de hacerlo, la Fiscalía podría iniciar un procedimiento penal en su contra.

Durante meses, propietarios, ejidatarios y defensores han denunciado un patrón en las disputas por terrenos de Bahía de Banderas: primero aparecen controversias sobre la propiedad, después carpetas de investigación por presunto despojo y, en determinados casos, órdenes de aprehensión o prisión preventiva.

Los afectados sostienen que el aparato penal termina funcionando como mecanismo de presión para abandonar o entregar propiedades, como lo hemos exhibido en estás páginas con diversos testimonios.

Fernández Pérez asegura que en el caso que actualmente defiende fueron detenidos inicialmente ocho trabajadores y un menor de edad durante un operativo en un predio, posteriormente se ejecutó una orden de aprehensión contra Javier, trabajador de confianza del propietario, quien quedó sujeto a prisión preventiva.

Otro abogado, Juan Alberto Luna Padilla, va más lejos. Afirmó en entrevista que ejercer la defensa en asuntos que afectan intereses del gobierno estatal se ha convertido en una actividad de riesgo y sostiene que litigantes se sienten presionados por autoridades ministeriales y judiciales.

“Cuando un abogado confronta determinados asuntos del Estado, nos enfrentamos a todo el poder del Estado”.

Luna Padilla responsabiliza políticamente al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero del ambiente que describe. Su acusación es directa: sostiene que el Poder Judicial de Nayarit carece de independencia frente al Ejecutivo y que los abogados terminan enfrentando simultáneamente a Fiscalía y jueces cuando litigan determinados expedientes.

Rivas González no es un personaje ajeno a los expedientes relacionados con el fideicomiso. Un documento de la propia Fiscalía de Nayarit, fechado en febrero de 2026, lo identifica como juez de control y registra una determinación suya dentro de una causa penal donde aparece como parte afectada el Fideicomiso Bahía de Banderas.