Simulaciones y fotos clonadas: así operó la red de corrupción en Cofepris destapada por la ASF
La auditoría forense número 76 destapó una red de complicidades entre exservidores públicos y proveedores particulares que simularon servicios de mantenimiento utilizando fotografías duplicadas
Por un probable daño patrimonial que asciende a 121 millones 934 mil 474.53 pesos, pendientes por aclarar en la Cuenta Pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó demandas penales en torno a operaciones en las que participaron proveedores particulares y servidores públicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La auditoría forense 76 de ese año divide las irregularidades en tres pliegos de observaciones:
En el primero se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 24 millones 638 mil 86.96 pesos por haber pagado y no acreditar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a diversos equipos por parte del proveedor GAB Comercialización, Construcción y Mantenimiento.
Bajo los mismos términos, un segundo pliego, por un monto de 56 millones 195 mil 772.51 pesos es por haber pagado y no acreditar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a diversos equipos por parte de Build Project and Design Memt, S.A. de C.V.
El tercer pliego de observaciones es por un monto de 41 millones 100,615.06 pesos por situación similar con el proveedor JEL Insumos, S.A. de C.V., “debido a que en el análisis forense digital a los archivos electrónicos Word del proveedor se identificaron 1,054 fotografías duplicadas, 126 triplicadas y 18 cuadruplicadas en diferentes rutinas de servicios y se detectaron coincidencias idénticas con 10 fotografías de los Informes de los servicios presentados por el proveedor GAB Comercialización”, además de no haber presentado diversos entregables.
La auditoría incluye señalamientos sustentados en información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre movimientos de dinero que habrían realizado un verificador o dictaminador especializado; una persona física a la que se identifica con el número 36, y que sería cónyuge del citado funcionario especializado; un gerente ejecutivo de mantenimiento; y la persona que fue titular de Secretaría General en 2024.
Varias de las caracterizaciones sobre las operaciones sospechosas se refieren a la mezcla de recursos públicos federales con recursos propios. Se hacen afirmaciones relacionadas con el hecho de que diversas personas físicas involucradas tienen ingresos de recursos propios mayores a los recursos públicos recibidos por sus responsabilidades.
El reporte de las irregularidades detectadas incluye, además, la falta de una metodología de estimación de costos por homoclaves y que involucrarían al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la ESIME Culhuacán, toda vez que “subcontrataron el 100.0% de los recursos contratados con la Cofepris por 35,771.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones”; se原生 detallan igualmente las inconsistencias fiscales del caso.