Con nuevas facultades, la ASF denuncia penalmente anomalías en Cofepris, municipios...

El paquete de recursos legales —derivado de anomalías en las Cuentas Públicas de los ejercicios 2020 a 2024— incluye observaciones a la Cofepris, el gobierno de Nayarit y diversos municipios

El documento entregado al Poder Legislativo desglosa los entes públicos, gobiernos estatales y municipales donde se concentraron las llamadas auditorías forenses.
El documento entregado al Poder Legislativo desglosa los entes públicos, gobiernos estatales y municipales donde se concentraron las llamadas auditorías forenses.Especial

De las 21 denuncias penales presentadas por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, por 600 millones de pesos, 10 corresponden al ejercicio presupuestal de 2021, nueve al de 2024, una a 2023 y otra a 2020.

Según consta en el documento entregado este martes a la Cámara de Diputados, de los recursos interpuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado viernes, tres son por presuntos delitos de corrupción en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) durante el último año del sexenio anterior; todas están sustentadas en la auditoría número 76 por no haber aclarado un monto de 121 millones 934 mil 472 pesos.

Otras cuatro denuncias también de la Cuenta Pública de 2024 se derivan de anomalías que ameritan intervención penal en el ejercicio del presupuesto federal en los municipios mexiquenses de Donato Guerra (3) y Valle de Bravo (1), descritas en las auditorías 900 y 980, respectivamente.

Por las auditorías 1,476 y 426 del último año de la administración del presidente López Obrador también se solicitó a la FGR una investigación de carácter penal en torno al uso del erario en Talleres Gráficos de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

La ASF presentó 21 denuncias penales ante la FGR por desvíos de 600 millones de pesos.
La ASF presentó 21 denuncias penales ante la FGR por desvíos de 600 millones de pesos.Especial

La única denuncia derivada de la Cuenta Pública de 2023 es por la auditoría 1,309 aplicada al municipio de Maravatío en Michoacán.

El municipio de Alvarado, en Veracruz, concentra cinco denuncias ante la FGR por faltantes expuestos en la Cuenta Pública de 2020 (1) y de 2021 (4), en la auditoría especial DN2500.

Otros cinco recursos fueron presentados por anomalías documentadas en la auditoría 1,228 del ejercicio presupuestal de 2021 en el gobierno de Nayarit.

Por la auditoría 1,608 de ese mismo año también se presentó una denuncia por irregularidades observadas en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí.

AUDITOR DESTACA

Al acudir a la Cámara de Diputados para entregar a la Comisión de Vigilancia la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior reveló que las investigaciones se formularon atendiendo a la reforma que el Congreso aprobó este año para fortalecer las facultades de este órgano fiscalizador.

El titular de la ASF anunció la presentación de las 21 denuncias penales por un posible daño al erario por arriba de los 600 millones de pesos, sin precisar en el discurso dónde se detectaron las irregularidades para cuidar el debido proceso.

“Hemos dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres órdenes de gobierno, esto como parte de los primeros resultados de las adecuaciones a nuestro marco normativo que nos otorga la facultad de realizar investigaciones sin tener que pasar por el proceso tradicional de auditoría”, enumeró Hernández Palacios Cardel.

“Asimismo, hemos presentado 21 denuncias penales (...) atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización”, destacó el titular de la ASF.

FISCALIZACIÓN REFORMADA

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), presidente de la Comisión de Vigilancia y Auditoría, destacó que, como resultado de dicha reforma, el Programa Anual prevé la realización de 2 mil 244 auditorías: 2 mil 58 de cumplimiento, 167 integrales y 19 forenses, efectuadas para documentar posibles daños de corrupción.