La seguridad se gana en el territorio
Las organizaciones criminales pueden operar a través de municipios y entidades, aprovechando diferencias en las capacidades de prevención, vigilancia e investigación.
En México, 50 municipios de más de 50 mil habitantes con las mayores tasas de homicidio reúnen a 13.7 millones de personas, alrededor de una décima parte de la población nacional, pero concentran cerca de 40% de los delitos de homicidio doloso y feminicidio registrados durante los últimos doce meses.
Este hallazgo, obtenido de nuestros análisis de la información oficial, muestra la importancia de conocer las diferencias territoriales de la violencia para orientar mejor las políticas de seguridad y consolidar los avances que registra el país.
Los resultados recientes ofrecen señales alentadoras. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas de homicidio doloso y feminicidio disminuyeron alrededor de 30% en los doce meses concluidos en septiembre de 2026, respecto del periodo anterior, con reducciones en todas las entidades.
También mejoró la percepción de seguridad urbana. Según la encuesta del INEGI publicada el viernes pasado, la proporción de personas que consideran inseguro vivir en su ciudad pasó de 63% a 58.1% en un año. Son avances importantes que debemos sostener.
Sin embargo, la incidencia delictiva total disminuyó apenas 1% entre enero y septiembre, respecto del mismo periodo de 2025. Persisten incrementos en delitos como daño a la propiedad y violencia familiar, mientras la extorsión presenta comportamientos muy diferentes entre entidades.
Esto confirma que la evolución favorable de los homicidios debe acompañarse de estrategias específicas para atender otros delitos que afectan cotidianamente a las familias y a las actividades productivas.
Al examinar la distribución territorial encontramos diferencias relevantes. Guanajuato y Sinaloa destacan tanto por el número de homicidios como por las tasas respecto de su población. El Estado de México figura entre las entidades con mayor volumen de víctimas, mientras Colima sobresale por la intensidad del problema en relación con su población.
El análisis municipal permite avanzar todavía más. La concentración de casi cuatro de cada diez homicidios y feminicidios en apenas 50 municipios demuestra que una parte importante del problema se localiza en espacios geográficos identificables. Esta información ofrece una oportunidad para focalizar recursos, fortalecer las capacidades institucionales y establecer metas de reducción de la violencia ajustadas a las condiciones de cada localidad.
También aparecen corredores que trascienden los límites municipales. En Baja California destacan Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. En Guanajuato encontramos concentraciones en Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago. En Morelos sobresalen municipios del entorno de Cuernavaca y del eje Cuautla-Ayala-Yecapixtla. Michoacán presenta agrupaciones importantes alrededor de Zamora y Jacona, así como en Uruapan y Apatzingán.
Estas concentraciones justifican una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Las organizaciones criminales pueden operar a través de municipios y entidades, aprovechando diferencias en las capacidades de prevención, vigilancia e investigación. La respuesta requiere inteligencia compartida, policías y fiscalías fortalecidas, operaciones coordinadas y seguimiento permanente a los resultados.
Hay otra dimensión que merece especial atención. Las desapariciones mantienen una magnitud preocupante y presentan diferencias territoriales que pueden ayudar a orientar las investigaciones.
Entre las personas desaparecidas y no localizadas registradas en lo que va de 2026, las mujeres representan alrededor de 43% en Tabasco y 40% en Ciudad de México, frente a 22.5% en el conjunto nacional. En contraste, los hombres constituyen 92% en Jalisco y 89% en Sinaloa.
Estas diferencias requieren examinar las edades, los lugares y las circunstancias de cada desaparición para identificar posibles patrones y orientar las tareas de búsqueda.
Para el sector empresarial, el conocimiento territorial de la inseguridad tiene consecuencias directas. Una empresa que opera en una entidad donde disminuyen los homicidios, pero debe enfrentar extorsiones, robos o amenazas recurrentes en las localidades donde desarrolla sus actividades.
La extorsión ilustra especialmente esta situación. Cuando una persona debe pagar para mantener abierto su negocio, elegir a sus proveedores o transitar por determinada ruta, se afectan derechos fundamentales y libertades económicas. Para muchas pequeñas empresas, una amenaza de esta naturaleza pone en riesgo años de trabajo y el patrimonio familiar.
Desde las organizaciones empresariales y la seguridad privada podemos contribuir con información sobre patrones delictivos, riesgos locales e incidentes que afectan la actividad económica.
La recuperación de la seguridad territorial tiene una dimensión fundamental para el Estado de Derecho. Reducir los homicidios representa un avance significativo, pero la presencia efectiva de las instituciones también debe reflejarse en la capacidad de las personas para vivir, trabajar, emprender y ejercer sus libertades sin amenazas ni imposiciones criminales.
México tiene hoy una oportunidad importante para consolidar los avances en seguridad. Aprovecharla exige dar continuidad a las acciones que están ofreciendo resultados y concentrar mayores esfuerzos donde persisten los problemas más graves.
La recuperación de los territorios deberá medirse por la disminución sostenida de los delitos, el fortalecimiento de la justicia y la protección efectiva de las personas y su patrimonio. Es en cada comunidad donde la seguridad debe convertirse en una realidad cotidiana.