Sanciona Secretaría Anticorrupción a 226 mandos federales por faltas administrativas
Las medidas responden a la comisión de faltas administrativas no graves que vulneraron el ejercicio de la función pública entre enero y junio
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante el primer semestre de 2026, aplicó sanciones a 226 personas servidoras públicas de nivel mando en el Gobierno Federal. Las medidas responden a la comisión de faltas administrativas no graves que vulneraron el ejercicio de la función pública entre enero y junio. Asimismo, la dependencia notificó la remisión de 416 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, debido a que corresponden a conductas catalogadas como graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El balance oficial detalla que la totalidad de las infracciones no graves contabilizadas en el periodo ascendió a 242 casos por incumplimiento de funciones encomendadas, nueve por abuso del cargo y un expediente por abuso de funciones vinculado a situaciones de acoso y hostigamiento sexual o laboral. En cuanto al nivel jerárquico del personal involucrado, las determinaciones alcanzaron a diez titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento.
Las correcciones disciplinarias impuestas por la autoridad contemplaron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. Cabe señalar que, bajo los criterios legales de proporcionalidad y gravedad, un solo funcionario pudo hacerse acreedor a más de un castigo. Los sancionados conservan expedito su derecho a impugnar los fallos, ante lo cual la institución aseguró que defenderá las resoluciones dictaminadas.
Con este paquete de medidas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó su política de cero tolerancia frente a las irregularidades en la administración pública, reforzando la fiscalización interna en los mandos del Poder Ejecutivo para erradicar la impunidad y garantizar el cumplimiento estricto del marco legal en la función gubernamental.