Revocan sanción por mensajes filtrados de la activista Emma Zermeño
El pleno del TEPJF consideró que validar la sanción generaría un incentivo para la obtención irregular de comunicaciones privadas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción impuesta a la activista y funcionaria estatal Emma Zermeño López, al no comprobar la supuesta violencia política contra mujeres en razón de género, en contra de la diputada local con licencia, Almendra Negrete.
La actual secretaria Nacional de la Diversidad Sexual de Morena acusó a Zermeño con capturas de pantallas filtradas de una conversación privada en WhatsApp, entre ella y otra persona, quien le entregaría las conversaciones a Negrete.
Los magistrados determinaron que los mensajes gozan de la protección constitucional e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y aplicar una sanción por las capturas de pantalla, generaría un incentivo para la obtención irregular de comunicaciones privadas.
Además, argumentaron que la conversación no fue expuesta en un ámbito abierto o público, fue dada a Negrete de forma directa, por una de las personas que participaron en el intercambio de mensajes.
La conversación por WhatsApp fue entre Emma Zermeño y Jonathan Alexis Ramírez, quien entonces era su amigo, pero después, comenzó una relación laboral con Almendra Negrete, y le dio capturas de pantalla, donde la activista hablaba despectivamente de ella y su labor legislativa.
Para la Sala Superior TEPJF fueron conversaciones privadas, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, realizadas en un ámbito de confianza, no enviados directamente a Almendra Negrete.
De esta manera fue revocada la sentencia emitida por la Sala Regional de Guadalajara, quien admitido las conversaciones privadas para acusar violencia política contras las mujeres en razón de género, obligando a Zermeño a pagar 300 mil pesos para reparar el supuesto daño en contra de Negrete.
Después de esta sentencia, diversos colectivos defensores de derechos humanos, habían manifestado su preocupación por el uso de capturas de una conversación privada para acusar a otra persona, y otros grupos se habían manifestado en el Congreso del Estado de Sinaloa.
RLO
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