Renovación del INE, eje central en 2023
Pese a que la designación ha tropezado con un fallo del Tribunal Electoral, ésta debe considerarse estratégica y prioritaria para el pleno de los legisladores

Como alguna vez lo definió Dulce María Sauri, no hay en la Cámara de Diputados tarea más relevante y vital para la democracia y la gobernabilidad del país que una renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que goce del consenso de las fuerzas políticas que se disputan el poder bajo la garantía de un árbitro sin sesgos.
De manera que cuando se tiene la encomienda de definir a los integrantes del INE, tal es el caso de este 2023 en San Lázaro, esa misión debe considerarse estratégica y prioritaria para el pleno de los legisladores.
Esa advertencia de la expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y exdirigente nacional del PRI cobra mayor vigencia en el arranque de este año en el que el calendario que se había puesto en marcha para la renovación de los cuatro consejeros que habrán de relevarse en abril ha tropezado con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).
El TEPJF revocó el acuerdo que el pleno aprobó en diciembre porque establecía una intervención que los magistrados consideraron inconstitucional de los coordinadores parlamentarios al solicitarle al futuro Comité Técnico de Evaluación dos informes sobre el cumplimiento de requisitos de los aspirantes mejor calificados.
Conforme el artículo 41 constitucional el Comité no está obligado a ello”, aclaró el Tribunal.
Los magistrados también consideraron que los diputados deberán corregir el acuerdo sobre el proceso de elección distinguiendo entre el cargo de consejero o consejera presidente y el cargo de consejero electoral en el momento de integrar las quintetas de candidatos finalistas.
OBLIGADOS A POSPONER Y CORREGIR
Así que además de posponer el proceso para el siguiente periodo ordinario de sesiones, a iniciar el primero de febrero, el cumplimiento de esta atribución constitucional se mezcla ahora con los saldos pendientes de la reforma electoral y el Plan B que contiene los cambios a leyes secundarias, aprobado a medias.
Mientras Morena y sus aliados pretenden impulsar una controversia en contra de los magistrados del TEPJF e incluso revisan la posibilidad de abrir un juicio político en su contra, la oposición vela armas para acudir a esa institución jurisdiccional y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertir dicho plan B al considerarlo inconstitucional.
De manera que la atención y la tensión en el primer cuatrimestre del 2023 estarán centrados en la Cámara de Diputados en la segunda parte del movimiento que se articuló en torno a la consigna de que el INE no se toca.
Adicionalmente, la revivida coalición Va por México articulará esfuerzos para que los relevos de Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz cuenten con perfiles de prestigio social, a fin de evitar que el proceso de convierta en un relevo de cuotas en el que Morena lleva las de ganar por el ejercicio del voto ponderado.
Así que una de las estrategias que analiza la alianza opositora en Cámara de Diputados es convencer a destacados juristas, constitucionalistas, académicos a que acepten participar como aspirantes a pertenecer al Consejo Electoral del INE, hecho que, esperan, inhibiría la pretensión gubernamental de cooptar el órgano autónomo con candidatos cuyo mejor atributo sea la descalificación hacia este órgano autónomo.
De cara a ese escenario, Va por México barajea nombres de personajes de la talla de Diego Valadez, Sergio García Ramírez, Ana Laura Magaloni, José Ramón Cossío Díaz, entre otros referentes respetados por el conocimiento y el compromiso que tienen con la democracia constitucional.
OTRAS PRIORIDADES 4T
Pero la agenda parlamentaria en San Lázaro incluye además la iniciativa presidencial de cabotaje para permitir el ingreso de líneas aéreas extranjeras en el mercado de los vuelos internos.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, la consideró como una de las prioridades legislativas que llevarán mano en febrero próximo.
La iniciativa presidencial ya fue turnada a las comisiones para empezarla a trabajar e iniciando el periodo seguramente será de las primeras iniciativas que estemos discutiendo”, previó.
Al permitir el cabotaje, se abriría la posibilidad de que líneas extranjeras pudieran ofrecer sus servicios en vuelos en territorio mexicano.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a finales de 2022 a San Lázaro una propuesta de reforma a las leyes de Aviación Civil y Aeropuertos, con el objetivo de permitir a las entidades de la administración pública, incluido el Ejército, obtener una asignación para administrar líneas aéreas de pasajeros, carga y correo.
Otra propuesta proveniente del gobierno que habrá de confrontar a las fuerzas políticas de la Cámara Baja es la relacionada con una reforma a la ley del Conacyt, a fin de que ésta responda a la política que por la vía de los hechos aplica ya ese organismo limitando los márgenes de acción de las instituciones académicas.
Será un tema en el que la oposición cerrará filas porque comparte la perspectiva de que la iniciativa del jefe del Ejecutivo para crear al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, además de ser centralista, representa un retroceso, es inconstitucional y atenta contra la libertad académica al marcar agenda desde el poder la agenda de la investigación.
UNA COYUNTURA ELECTORAL
Tratándose de un año electoral en el que se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, la disputa por los votos atravesara el quehacer legislativo, estrechando los espacios para formular cambios de consenso.
Sin embargo, en voz del coordinador del PVEM, Carlos Puente, el siguiente periodo de sesiones deberá convertirse en la última oportunidad para realizar una reforma electoral constitucional con el consenso de todos los partidos.
Reforma electoral
Un proyecto de la agenda para 2023 de la bancada del PRD en Cámara de Diputados, con miras de que sea compartida con sus aliados del PAN y del PRI, establece como prioridad cuidar el proceso de elección del Comité Técnico Evaluador y en consecuencia la elección de los consejeros electorales, así como la Presidencia del INE, “para que sea una elección con profesionales y especialistas, tanto en el Comité como con los Consejeros”.
El plan perredista adelanta que habrán de convocar a todas la fuerzas progresistas y democráticas a cuidar, observar y exigir que el proceso de elección de consejeros se dé con legalidad, equidad de género y garantizando la autonomía del INE.
También se asume la importancia de “dar la batalla jurídica en los excesos del denominado Plan B del Ejecutivo”.
Y se asume como tarea de este año la de armonizar esfuerzos “entre las diferentes fuerzas políticas que estén dispuestas a que México trascienda este mal gobierno y sus consecuencias, generando un sólido frente de oposición que pueda contribuir a las elecciones venideras: Coahuila, Estado de México y la de 2024”.
PARIDAD, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
Como lo indica el nombre de la actual 65 legislatura que se denomina “la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”, las propuestas para garantizar en las leyes esas condiciones son una singularidad de las y los 500 diputados que la integran.
De manera que las iniciativas encaminadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres, personas que viven con discapacidad y pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ seguirán caracterizando la vida parlamentaria de San Lázaro.
Para las legisladoras comprometidas con las causas de la igualdad de género, las reformas en este terreno deberían acercar a todas las bancadas para concretar el dictamen que se viene arrastrando desde la legislatura anterior y que incluye la regulación de temas como paridad, reconocimiento de derechos relacionados con la diversidad, el matrimonio igualitario, la libre voluntad de interrumpir un embarazo y la proscripción electoral a los agresores, violadores y deudores alimentarios.
Y, como lo reclama la realidad nacional, también se esperan nuevas propuestas en materia de seguridad pública, con el objetivo de modificar o profundizar en las políticas correspondientes.
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