La próxima barrera comercial viene envuelta

Ricardo Peraza

Ricardo Peraza

Editorial

 

En alguna bodega de México hay ahora mismo un producto listo para viajar a Europa. Cumple con las normas. Tiene calidad, permisos, certificados, etiqueta y origen. Pasó por laboratorios, auditorías, juntas, abogados y controles internos. Costó años fabricarlo bien, encontrar compradores y conquistar un lugar en un mercado lejano. Sin embargo, podría no llegar. No por lo que contiene, sino por aquello que lo envuelve.

El próximo 12 de agosto comenzará a aplicarse de manera general el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre envases y residuos de envases. Detrás de ese nombre poco memorable existe una transformación profunda: Europa ya no observará solamente qué producto entra en su territorio. También preguntará con qué fue empacado, qué sustancias contiene ese material, si puede reciclarse, reducirse o reutilizarse y quién es capaz de demostrarlo.

Para una empresa mexicana, la tentación inmediata será considerar que se trata de otro asunto europeo. Una nueva excentricidad burocrática concebida en Bruselas, lejos de la planta, de los pedidos y del cierre trimestral. Sería un error.

Europa es uno de los mercados más importantes para las exportaciones mexicanas y, sobre todo, una de las pocas alternativas reales para disminuir nuestra dependencia casi absoluta de Estados Unidos. México ha buscado durante años diversificar sus destinos comerciales. Pero entrar a nuevos mercados no consiste únicamente en firmar tratados o eliminar aranceles. También exige comprender las reglas que comienzan a decidir quién puede permanecer en ellos.

La nueva frontera europea puede estar hecha de cartón, plástico, vidrio, tinta o pegamento. Una empresa mexicana puede fabricar un alimento impecable, un cosmético seguro, una autoparte sofisticada o una máquina capaz de competir con cualquiera. Puede cumplir cada requisito aplicable al producto y descubrir, demasiado tarde, que la bandeja, la película protectora, el recubrimiento o el embalaje dejaron de ser aceptables. El producto cumple. El envase lo condena. Y ninguna aduana separará con delicadeza una cosa de la otra. La mercancía cruza completa o se queda completa.

El caso de las llamadas PFAS lo explica bien. Son sustancias utilizadas, entre otras cosas, en ciertos recubrimientos resistentes a la grasa, la humedad o la temperatura. A partir del 12 de agosto, los envases destinados al contacto con alimentos no podrán colocarse en el mercado europeo cuando contengan estas sustancias por encima de determinados límites. El exportador mexicano quizá no sepa si están presentes.

Durante años preguntó cuánto costaba el empaque, cuánto resistía, cuántas piezas cabían en un contenedor y si tenía el color correcto. Tal vez nunca preguntó qué había en el recubrimiento. Su proveedor tampoco. Y quien fabricó la película protectora quizá compró las sustancias a otra empresa en un país distinto. Las cadenas de suministro saben cuánto vale cada componente. No siempre saben de qué está hecho. Ésa es la grieta por la que entrará la nueva regulación.

El importador europeo será quien enfrente formalmente muchas obligaciones, pero no cargará solo con ellas. Pedirá información a su proveedor mexicano. Exigirá certificados, trazabilidad, garantías y derechos de auditoría. Modificará especificaciones, trasladará responsabilidades y, cuando no obtenga respuestas suficientes, buscará a alguien que sí pueda darlas. Las normas nacen en Europa. El ultimátum llegará por correo electrónico a México.

Por eso el asunto no pertenece exclusivamente al área de sustentabilidad. Tampoco puede quedar reducido a una presentación anual con fotografías de árboles y compromisos para 2050. Debe discutirse en la dirección general, en compras, jurídico, operaciones, calidad y comercio exterior. La pregunta ya no es solamente si el empaque protege el producto o luce bien en el anaquel. La pregunta es si la empresa puede probar qué contiene, quién lo fabricó y bajo qué evidencia afirma que cumple. Ese verbo —probar— será decisivo.

Muchas empresas mexicanas cumplen más de lo que documentan. Operan razonablemente bien, pero conservan información dispersa, declaraciones genéricas y contratos redactados para otra época. Confían en proveedores que responden “libre de sustancias peligrosas” sin acompañar análisis, metodología ni responsabilidad jurídica. En el nuevo comercio, la confianza sin expediente vale muy poco.

Las empresas mexicanas que exportan a Europa deberían revisar desde ahora sus empaques, inventarios, proveedores y contratos. También quienes no venden directamente al continente, pero forman parte de cadenas que terminan allá. La regulación descenderá por cada eslabón hasta encontrar a quien tenga la información o a quien deba asumir el costo de no tenerla. No estamos ante una discusión menor sobre basura o reciclaje. Estamos frente a una nueva forma de proteccionismo regulatorio —legítimo en algunos casos, excesivo en otros— que transformará el acceso a los mercados.

Antes, una barrera comercial podía reconocerse desde lejos: era un arancel, una cuota, un permiso o una prohibición. Ahora puede llegar disfrazada de especificación técnica, cuestionario ambiental o cláusula escondida en una orden de compra. México ha pasado décadas intentando venderle más al mundo. La pregunta ya no es solamente si nuestras empresas pueden producir mejor o más barato. Es si pueden demostrar, pieza por pieza, sustancia por sustancia, la historia completa de lo que venden. Porque la próxima exportación mexicana que pierda Europa quizá no será rechazada por falta de calidad. Será una gran mercancía detenida por una pequeña caja.