Red Familia alerta riesgos en reforma de “igualdad sustantiva”

La organización Red Familia entregó a la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados un análisis técnico en torno a la iniciativa que plantea reformas para incorporar el concepto de “igualdad sustantiva” y otorgar nuevas facultades a la Secretaría de las Mujeres. La organización reconoció la intención legislativa de ampliar la protección a mujeres y jefas de familia, pero advirtió que el proyecto contiene vacíos, ambigüedades y posibles riesgos que podrían afectar derechos fundamentales o derivar en decisiones administrativas sin controles suficientes.

Reconocemos la intención de fortalecer la protección de mujeres y jefas de familia, sin embargo, identificamos vacíos, ambigüedades y riesgos que podrían traducirse en decisiones administrativas sin contrapesos, medidas inoperantes y afectaciones a derechos fundamentales”, señaló Mario Romo, Líder Nacional de Red Familia.

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Mario Romo, líder nacional de Red Familia, explicó que uno de los principales problemas identificados en la propuesta es la inclusión de términos sin definición jurídica puntual. Entre ellos destacan los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, un concepto utilizado en foros internacionales con criterios que, en algunos casos, se vinculan al acceso al aborto como obligación estatal. Según la organización, la falta de precisión podría abrir la puerta a interpretaciones amplias que permitan a las autoridades implementar lineamientos o protocolos que el Congreso no haya debatido.

Cuando un término abierto se convierte en criterio administrativo, existe el riesgo de que se impulsen políticas que el Poder Legislativo nunca discutió ni aprobó”, advirtió Romo al presentar el documento. Para Red Familia, la claridad jurídica es indispensable para evitar que conceptos ambiguos terminen transformándose en atribuciones discrecionales dentro del Ejecutivo.

Riesgos de centralización y ausencia de contrapesos

Otro de los puntos señalados en el análisis se refiere a la propuesta de concentrar facultades relevantes en una sola secretaría. La organización advierte que esta centralización podría implicar que decisiones sensibles, como el diseño de protocolos, la ejecución de programas o la evaluación de medidas de protección, y que estos recaigan exclusivamente en una instancia gubernamental sin mecanismos claros de supervisión externa o participación de la sociedad civil.

Red Familia pidió que el análisis de la iniciativa continúe con una revisión técnica, jurídica y operativa a profundidad, de manera que cualquier reforma garantice resultados tangibles y no derive en disposiciones de cumplimiento limitado. La discusión legislativa, señalaron, debe centrarse en asegurar certeza jurídica, contrapesos institucionales y condiciones reales de operación para que las políticas públicas en materia de igualdad beneficien de forma efectiva a las mujeres y familias del país.

El análisis subraya que varias de las medidas planteadas requieren no sólo facultades normativas, sino también capacidad operativa y presupuesto asegurado para funcionar adecuadamente. Señala, por ejemplo, que las órdenes de protección sólo son eficaces cuando existen refugios disponibles, opciones de alojamiento temporal y acompañamiento integral. Sin recursos etiquetados desde el inicio, estas acciones quedarían en el papel e incluso podrían derivar en nuevas formas de revictimización para quienes buscan apoyo.

Además, advierte sobre los posibles riesgos en el uso del concepto de “autonomía progresiva”, pues su interpretación amplia podría llegar a limitar el papel legítimo de madres y padres en la educación de sus hijos. Ante ello, Red Familia propone establecer parámetros claros que resguarden la responsabilidad de los padres sin comprometer a la niñez.

Las Propuestas de Red Familia.

• Definir con precisión términos jurídicos como “derechos sexuales y reproductivos”, distinguiendo entre recomendaciones internacionales y obligaciones legales.
• Incorporar contrapesos institucionales, participación real de sociedad civil y reglas claras para la selección de representantes ciudadanos.
• Asegurar presupuesto etiquetado para refugios, atención integral y medidas de protección, con obligación de publicar datos operativos y presupuestales en formatos abiertos
• Establecer criterios objetivos para protocolos de actuación y para la activación de medidas extraordinarias.
• Garantizar que la reforma respete libertades fundamentales, incluyendo la objeción de conciencia.
• Libertad de expresión intacta: Las estrategias con medios deben promover buenas prácticas y campañas, no control ni censura.

Como parte de su posicionamiento frente a la iniciativa de reformas en materia de igualdad sustantiva, Red Familia enfatizó la necesidad de que cualquier modificación legal esté sustentada en criterios claros y sin margen para interpretaciones discrecionales. En ese contexto, la organización reiteró su postura sobre la importancia de garantizar precisión jurídica y proteger el papel de las familias en la formación de sus hijos, subrayando:

Nuestro compromiso es contribuir a una reforma eficaz, transparente y respetuosa de derechos de los padres de familia sobre sus hijos. La protección de las mujeres no admite improvisaciones ni ambigüedades”.

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*mcam