Radiodifusores llaman a Corte a revisar proyecto por el que se obligaría a diferenciar información noticiosa de opinión

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión hizo un respetuoso llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se analice el fallo de la Primer y Segunda Sala de la Corte por el que se ordena a los concesionarios de radio y televisión, tanto público como privados, a diferenciar en el contenido de su programación, entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica.

José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, precisó que se trata de un proyecto presentado por el ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara, con el que supuestamente se pretende defender a las audiencias, cuando en realidad lo que busca es un retroceso al negar el derecho a estar debidamente informada e imponer censurar oficial sobre toda la radio y la televisión mexicana.

Precisó que el mandato aplicaría para los radiodifusores mexicanos, pero no para el estreaming, ni los Over The Tops, ni para los medios de pago, por lo que los extranjeros no estarían obligados a apegarse a tal ordenamiento.

En tal sentido, García Herrera dijo que “hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que este tema se está diciendo por la abierta cesura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos. También un llamado al Congreso para que no dejen que les invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acorte”.

Acompañado de diversos radiodifusores, legisladores líderes sindicales, representante de organismos internacionales y comunicadores, García precisó que el tema será analizado en marzo por el Pleno de la Supera Corte de Justicia de la Nación.

José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, precisó que ya se han interpuesto diversos amparos, por lo que el acto reclamado se encuentra suspendido y por lo que el tema está en manos del Pleno de la Suprema Corte y que, de aprobarse, se acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

jcp