¿Quién es Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal de Sinaloa señalado con Rocha Moya de narcotráfico?

Dámaso Castro Saavedra es abogado con más de veinte años de experiencia en procuración de justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 1990 y 1995 y posteriormente cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la misma institución (2006–2009), con titulación pendiente. Complementó su formación con estudios de inglés y certificaciones como docente en el marco de la implementación del sistema penal acusatorio. 

Inicios en el Ministerio Público

Su servicio social lo realizó en la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común en Culiacán. Posteriormente trabajó como abogado postulante en materia penal y en 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa como agente auxiliar del Ministerio Público. Entre 1999 y 2003 se desempeñó en Navolato, donde llegó a ser encargado del despacho por ministerio de ley en ausencia de titulares.

 Carrera en procuración de justicia

Durante las décadas de 2000 y 2010 ocupó diversos cargos como agente titular en agencias del Ministerio Público en Culiacán y Navolato, además de la Dirección de Averiguaciones Previas.

Más adelante fue asignado a agencias especializadas en flagrancia y detenidos, y posteriormente a la Subprocuraduría General de Justicia Zona Centro. Con la llegada del sistema penal acusatorio, asumió la jefatura de la Unidad Penal especializada en delitos patrimoniales en la región Centro-Norte, participando en la transición hacia los juicios orales.

En años recientes, Castro Saavedra ascendió a vicefiscal del Estado de Sinaloa y, tras la salida del fiscal general, quedó como encargado del despacho de la Fiscalía General.

Su nombre fue incluido en la terna enviada al Congreso local para definir al nuevo titular de la Fiscalía, junto con Mónica Cecilia Luna Barrientos y Claudia Zulema Sánchez Kondo, siendo esta última la actual titular de la dependencia.

Rubén Rocha Moya, señalado en EU por vínculos con Los Chapitos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos nexos con el cártel de Los Chapitos. De acuerdo con documentos judiciales, su relación con la organización criminal habría sido determinante para su llegada al poder y para consolidar el control territorial del grupo en la región.

Las imputaciones sostienen que Rocha Moya habría recibido apoyo electoral ilícito en las elecciones de noviembre de 2021, cuando integrantes del cártel intervinieron mediante secuestros e intimidación de adversarios políticos. También se le atribuyen reuniones con líderes del narcotráfico tanto en campaña como ya en funciones, además de un pacto de impunidad que permitió el tráfico masivo de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

La justicia estadounidense lo acusa de tres cargos graves: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. De ser procesado en ese país, el gobernador podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.

Las acusaciones fueron presentadas en una corte federal de Nueva York y forman parte de una investigación que apunta a la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales de Sinaloa. Una red institucional bajo sospecha

El expediente no se limita al gobernador. Según la fiscalía, una red de funcionarios y cuerpos de seguridad estatales y municipales habría recibido millones de dólares en sobornos para proteger a los líderes del cártel.

Los funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses son:

• Enrique Inzunza Cázarez 
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Zaavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”;
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”

Entre las acciones señaladas figuran la filtración de información militar y policial para frustrar operativos, así como el despliegue de fuerzas estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia sin consecuencias legales.