Nearshoring sin luz

Hubo un momento —hace apenas dos años— en que el nearshoring se volvió una promesa casi automática. México, por geografía, costos y tratado comercial, parecía condenado al éxito. Las cadenas de suministro se reordenaban, las empresas buscaban salir de Asia y la respuesta parecía obvia: instalarse a unas horas de la frontera norte.

Hoy, esa narrativa empieza a encontrar su primer límite serio. No es político. No es laboral. No es siquiera de seguridad. Es más básico: energía.

En las últimas semanas, el tema dejó de ser técnico para volverse estratégico. La presión sobre la red eléctrica en regiones clave —norte y Bajío— ya no es una advertencia futura, sino una restricción operativa. Proyectos industriales avanzan más rápido que la infraestructura que debería sostenerlos. Y eso, en un país que quiere capitalizar el momento geopolítico, no es un detalle menor: es un posible punto de quiebre.

El nearshoring tiene una condición silenciosa: requiere electricidad constante, suficiente y, cada vez más, limpia. No se trata sólo de encender fábricas. Se trata de garantizar procesos continuos, evitar interrupciones y cumplir con estándares ambientales que no fija México, sino el mercado al que esas empresas exportan.

Ahí es donde la ecuación empieza a tensarse.

México llega a esta oportunidad con una paradoja. Por un lado, es uno de los destinos más atractivos para relocalizar producción. Por otro, su sistema energético enfrenta limitaciones estructurales: generación insuficiente en ciertas zonas, cuellos de botella en transmisión y una matriz que sigue dependiendo en buena medida de fuentes fósiles.

El resultado es incómodo: el país que quiere producir más para el mundo podría no tener cómo energizar esa producción de forma competitiva y sostenible.

Esto no es sólo un problema de capacidad, sino de dirección. Mientras otras economías han vinculado explícitamente política industrial con transición energética, México ha avanzado con señales mixtas. En el discurso, la sostenibilidad es prioridad. En la práctica, la urgencia por asegurar suministro ha revalorizado opciones menos limpias.

Y eso tiene consecuencias.

Porque el nearshoring de 2026 no es el de hace diez años. Las empresas que están tomando decisiones hoy no sólo evalúan costos logísticos o salarios. Evalúan también huella de carbono, acceso a energías renovables y estabilidad regulatoria. No por convicción moral, sino por necesidad comercial. Sus clientes —particularmente en Estados Unidos y Europa— ya están incorporando criterios ambientales en contratos, certificaciones y acceso a mercado.

Aquí entra el segundo elemento clave: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque formalmente se trata de una revisión y no de una renegociación total, el contexto es distinto al de 2020. Estados Unidos ha endurecido su política industrial y climática. La conversación ya no gira sólo en torno a aranceles o reglas de origen, sino a resiliencia de cadenas, contenido regional y, cada vez más, sostenibilidad.

En ese marco, la energía deja de ser un asunto interno. Se vuelve un factor de competitividad regional.

Si México no puede garantizar electricidad suficiente y alineada con estándares ambientales, corre el riesgo de que la promesa del nearshoring se desplace hacia otros destinos o se concentre en sectores menos exigentes —y, por tanto, de menor valor agregado—. Peor aún: podría enfrentar presiones indirectas dentro del propio tratado, donde la agenda climática empieza a cruzarse con la comercial.

No es casual que empresas globales estén preguntando cada vez más por acceso a energías limpias antes de cerrar inversiones. Tampoco lo es que algunos proyectos se estén redimensionando o retrasando ante incertidumbres energéticas. No se trata de un freno visible, pero sí de un ajuste silencioso.

El riesgo no es que el nearshoring desaparezca. El riesgo es que México capture menos de lo que podría capturar.

Porque el momento sigue ahí. La relocalización no se ha detenido. La geografía no ha cambiado. El T-MEC sigue siendo una ventaja estructural. Pero entre la oportunidad y su materialización hay una variable crítica que empieza a pesar más de lo previsto.

La pregunta ya no es si México puede atraer inversión. La pregunta es si puede sostenerla.

Resolver este cuello de botella no pasa sólo por generar más electricidad. Pasa por hacerlo mejor: ampliar capacidad, modernizar transmisión, dar certidumbre regulatoria y, sobre todo, alinear la política energética con la realidad del comercio internacional. No es una agenda ambiental en abstracto; es una agenda económica en tiempo real.

Porque, en el fondo, el nearshoring no es una tendencia automática. Es una competencia. Y en esa competencia, la energía —su disponibilidad, su costo y su origen— empieza a definir ganadores y perdedores.

México tiene la ventaja de estar en la conversación correcta. Ahora tiene que demostrar que también puede cumplir las condiciones.