PVEM exige sanciones más severas contra delitos ambientales

Más de 330 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo resultaron afectadas por desmontes, apertura de caminos y obras sin autorización, según un informe difundido el 6 de noviembre por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras inspecciones realizadas del 20 al 29 de octubre. Ante este escenario de deterioro ambiental, que derivó en 25 clausuras temporales en el ejido San Isidro Poniente, municipio de José María Morelos, así como sanciones en Cancún y cerca de la Laguna de Bacalar, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) urgió a endurecer el marco punitivo contra los delitos ecológicos.

El instituto político advirtió que la devastación de bosques y selvas destruye hábitats, acelera la erosión de los suelos y reduce su capacidad de captación hídrica. En consecuencia, sostuvo que las clausuras y procedimientos administrativos deben complementarse con investigaciones penales y acciones de restauración ecológica para fincar responsabilidades efectivas.

Para revertir la impunidad en este rubro, el Partido Verde recordó que sus legisladores impulsaron desde septiembre de 2025 una reforma al Código Penal Federal destinada a elevar las sanciones corporales y económicas contra el daño ambiental. El proyecto, avalado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y ratificado con modificaciones el 22 de abril de 2026, aguarda su resolución definitiva en el Senado de la República.

La iniciativa plantea penas de uno a nueve años de prisión por el desmonte o destrucción de vegetación natural, y de dos a diez años de cárcel por la tala ilegal de árboles, además de multas y agravantes específicos. Finalmente, el partido subrayó que concluir este proceso legislativo dotará a las autoridades de instrumentos legales más severos para perseguir delitos ambientales, inhibir la deforestación y salvaguardar la biodiversidad y los servicios ambientales de las comunidades.