Proponen vía rápida para devolver inmuebles despojados a sus dueños en la CDMX
El Partido Verde en el Congreso capitalino plantea un plazo máximo de 30 días hábiles para que las víctimas recuperen de forma provisional sus propiedades.
La bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa para modificar los mecanismos de atención al delito de despojo, con el objetivo central de otorgar mayor certeza jurídica a las víctimas. Con esta reforma se busca que quienes se ven privados de sus viviendas puedan reocuparlas de forma ágil sin que la burocracia frene la restitución de su patrimonio. Jesús Sesma Suárez, diputado con licencia, explicó que la propuesta busca "evitar que quienes pierden su vivienda o patrimonio tengan que esperar meses o incluso años para recuperar sus propiedades".
El impacto de este ilícito atenta de manera directa contra el núcleo social y la tranquilidad de los capitalinos. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se registraron 6 mil 707 denuncias por este delito en el país, lo que representa un promedio diario cercano a 75 casos, ubicando a la capital entre las demarcaciones con más registros. Al respecto, el legislador advirtió que "el despojo representa una afectación que va más allá de la pérdida de un inmueble, pues también compromete la estabilidad, seguridad y tranquilidad de las familias".
La ruta legal planteada establece que, tras acreditar los derechos sobre el bien asegurado, el Ministerio Público o el juez de la causa determine si procede otorgar la ocupación provisional en un margen máximo de un mes. El también dirigente del Partido Verde en la capital del país señaló que "la iniciativa propone establecer mecanismos que permitan a las víctimas acreditar sus derechos sobre el inmueble y solicitar su ocupación provisional mientras se desarrolla el juicio".
Con este ajuste a las normas locales se pretende fijar tiempos límite precisos que eviten que las personas despojadas permanezcan en un limbo jurídico prolongedo. La medida prioriza que la autoridad determine "en un plazo máximo de 30 días hábiles si procede la autorización para ocupar el inmueble bajo resguardo, con el propósito de reducir los tiempos de espera y evitar que las víctimas permanezcan en una situación de indefensión".
Para concluir el trámite legislativo, los promoventes insistieron en la necesidad de contar con leyes procesales que respondan a las exigencias inmediatas de la ciudadanía. En su argumentación, el líder ecologista sostuvo que "la justicia debe ofrecer respuestas oportunas a quienes han sido despojados de su patrimonio y no generarles mayores cargas burocráticas".