Profeco ofrece orientación a víctimas de Magnicharters
La quiebra de la empresa, operada por los hermanos Bojórquez Maza, destapó una red de afectaciones que mantiene bajo colapso financiero a más de 90 agentes de viajes independientes, reveló Excélsior
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a las personas víctimas del presunto fraude de Magnicharters, aerolínea regiomontana que dejó a miles de pasajeros varados luego de dejar de operar el 11 de abril, que ofrece orientación para que estas personas puedan “hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes y por las vías que estimen convenientes, ya sea mercantil o penal”.
“Las quejas contra Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V., Boma Inmobiliaria, S.A. de C.V., Magnibus, S.A. de C.V. y Magnicun, S.A. de C.V., es decir Magnicharters, derivan de la suspensión repentina de actividades, aun cuando las y los usuarios contaban con paquetes turísticos que incluían el vuelo pagado”, explicó la procuraduría.
El martes, Excélsior publicó un reportaje sobre la presunta estafa en el aire de la empresa a cargo de los hermanos Bojórquez Maza, a quienes más de 90 agentes de viajes independientes responsabilizan de dejarlos con una deuda de alrededor de 12.5 millones de pesos por vender paquetes turísticos para lo que resta de 2026 supuestamente sabiendo que dejaría de operar desde el 11 de abril.
Al respecto, Profeco explicó que “en caso de que las personas consumidoras afectadas opten por la vía mercantil, deberán acudir al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y presentarse como acreedores en el expediente 46/2026”. “De esta manera podrán estar en posibilidad de reclamar los montos pagados por los servicios no prestados”, agregó.
Entre las quejas del grupo de agentes de viajes que han asumido la responsabilidad financiera de los paquetes turísticos pagados a Magnicharters también está la falta de acción por parte de las autoridades, toda vez que denuncian que en las fiscalías se han fragmentado sus denuncias y lo que ellos quieren es que se persiga el delito de fraude desde una demanda colectiva.