Policías violan al presunto asesino de un chef, derechos humanos interviene y lo liberan

Oscar Felipe "N", quien en noviembre fue detenido y acusado de haber asesinado a un joven chef, fue liberado en Veracruz.

Una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como un incumplimiento de sentencia, le permitió este beneficio.

La CEDH en su recomendación acusó que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado violaron al detenido y eso atentó contra los derechos de Oscar Felipe.

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La familia del chef Miguel Ángel Sulvarán Xolo hizo una denuncia pública en contra de las autoridades, porque acusó que pesa más la gente que cuenta con recursos para poder salir en libertad, en este caso Oscar Felipe, que la vida de las víctimas.

El 18 de octubre de 2021, Miguel Ángel Sulvarán fue asesinado, en lo que fue considerado por la comunidad LGBTTTI como un crimen de odio; luego de semanas de investigaciones, Oscar Felipe fue detenido y un juez dictó la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva oficiosa.

En una queja ante la CEDH, Oscar Felipe aseguró que fue víctima de violación y lesiones por parte de agentes de la Policía Ministerial, quienes lo detuvieron el 1 de noviembre de 2022, lo que dio como resultado que fuera emitida una recomendación en contra de las autoridades de la Fiscalía que presuntamente habrían permitido la liberación del presunto autor del hecho.

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Esperanza Xolo, madre de Miguel Ángel, señaló que el mismo día de la audiencia para cambiar las medidas cautelares de Oscar Felipe le avisaron y no dio tiempo a que hiciera algo por impedirlo, pues reside en el municipio de San Andrés Tuxtla, a 216 kilómetros de distancia.

Cabe mencionar que hay un caso similar al de Oscar Felipe, pero en el que la presunta responsable siguió en prisión: July “N”, quien fue acusada de haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de 2020.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino y le practicaron a July “N” el protocolo de Estambul, que corroboró la agresión, la Fiscalía incurrió en desacato y no hizo nada para modificar ninguna medida, además de que la propia fiscal general, Verónica Hernández Giadans, se pronunció públicamente y se negó a investigar y sancionar a los agentes ministeriales que participaron en la violación y tortura de la detenida, quien ya fue sentenciada a 60 años de prisión.

JCS