Policías instalaban “retenes” para secuestros exprés
La FGR confirmó la detención de ocho policías estatales de Veracruz vinculados a una red de secuestro y tortura; operaban retenes falsos con patrullas oficiales.
La Fiscalía General de la República confirmó que son ocho los elementos de la Policía Estatal de Veracruz detenidos durante un operativo ejecutado el pasado viernes adentro y en los alrededores del cuartel de San José. Los policías pertenecían a una red de secuestradores, adentro de la corporación, que comenzó a operar a través de la instalación de supuestos retenes, que sólo eran simulados, para cometer sus fechorías.
Entre los involucrados hay elementos de la desaparecida Fuerza Civil, un grupo élite que fue desintegrado por los reiterados abusos cometidos, pero no cesaron a los elementos, sino que fueron reintegrados a las filas de la corporación estatal.
De acuerdo con la indagatoria federal, los agentes —entre ellos tres mandos operativos— habrían participado en la privación ilegal de la libertad de dos personas en julio de 2023, un hecho en el que se utilizó una patrulla oficial tipo pick up para interceptar a las víctimas afuera de una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera de la colonia Sipeh Ánimas.
La FGR informó que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, a través de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, permitió establecer la presunta participación de los policías y ubicar sus domicilios en cinco municipios: Cuitláhuac, Jilotepec, Xalapa, Veracruz y Naolinco de Victoria. Con esos datos de prueba, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron las órdenes de aprehensión con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otros fueron interceptados en el cuartel de policía.
Los detenidos —identificados como Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”— fueron asegurados por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y tortura. Según la carpeta, las víctimas fueron liberadas con vida al día siguiente, pero el uso de una unidad oficial y la participación de agentes estatales activó la competencia federal por tratarse de violaciones graves a derechos humanos.
Durante las detenciones, los elementos federales dieron lectura a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y trasladaron a los ocho policías al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Emiliano Zapata, donde un juez determinará su situación jurídica en las próximas horas. La FGR reiteró que, conforme a la ley, todos se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria.
Actividad de bandidos
Las indagatorias confirmaron que los policías implicados no actuaban de forma aislada ni al azar. Su método principal consistía en la instalación de puestos de control y retenes ilegales en las inmediaciones del fraccionamiento Las Ánimas y Sipeh Ánimas.
Utilizaban la estructura, las patrullas oficiales y el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para detener vehículos bajo el argumento de "revisiones de rutina". Era en esos puntos donde seleccionaban perfiles específicos de ciudadanos para privarlos de la libertad, cometiendo principalmente secuestros exprés.
El caso de Sipeh Ánimas fue prácticamente la “punta de la madeja” de una investigación mucho más amplia sobre la infiltración criminal en la SSP, porque derivado de estas denuncias y del rastreo de las unidades, la Fiscalía Especializada coordinó operativos de captura directamente en las oficinas centrales de Seguridad Pública y en la Academia de Policía que se ubica en la comunidad El Lencero, municipio de Emiliano Zapata.
El alcance de esta red llevó a la imputación y prisión preventiva de más de una decena de elementos estatales bajo procesos penales, como el 356/2023, radicado en Pacho Viejo, ampliándose las investigaciones no solo a Xalapa, sino también a zonas de la cuenca y el sur del estado, por delitos que van desde el secuestro agravado hasta la desaparición forzada.
Se ha logrado confirmar que las carpetas de investigación se han mantenido bajo estricto hermetismo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que continúan cruzando datos de plataformas de geolocalización de las patrullas para determinar cuántas víctimas reales fueron entregadas o extorsionadas mediante este método en la capital del estado.