PGR hizo pacto ilegal con proveedores de despensas CLAP; la UIF busca revertir acuerdos reparatorios

En colaboración con Roberto Deniz de Armando.Info

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de la República (PGR), de la administración pasada, y las empresas mexicanas que despacharon despensas al gobierno venezolano a través de los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, éste último detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, firmaron un acuerdo reparatorio ilegal que se concretó entre el 12 de octubre y 21 de noviembre de 2018, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Dicho acuerdo consistió en transferir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la cantidad de tres millones de dólares americanos —a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares—, los cuales “serían destinados para mantener el mandato del ACNUR en América Latina y el Caribe”, así como entregar mil 300 contenedores marítimos, los cuales almacenaban alrededor de dos millones de despensas.

La UIF, oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó cinco denuncias relacionadas con la red de despensas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la ahora Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, y una fue precisamente por este acuerdo reparatorio.

La historia de este acuerdo reparatorio comenzó en junio de 2018, cuando la UIF denunció ante la entonces PGR, encabezada por Alberto Elías Beltrán, a 14 empresas y personas físicas involucradas en la red de despensas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

El 18 de octubre de 2018, la PGR, por medio de Israel Lira, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

Se presentó la denuncia con el folio DEN-UIF-40-2018 y los 14 sujetos señalados fueron Group Grand Limited, SA de CV, empresa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab; El Sardinero es Servicio, SA de CV; Deshidratados Alimenticios e Industriales, SA de CV; Empresas Bonobox, SA de CV; Jaifar Comercial, SA de CV; Grupo Brandon, SA de CV; Rice & Beans Co, SA de CV; Productos Serel, SA de CV; 4PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada; Asasi Food Free Zone Company; Group Grand Limited, Delmar Logística, SAPI de CV; Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

Cuatro meses después de esta denuncia interpuesta por la UIF ante la PGR se procedió al congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con estos 14 sujetos.

Los señalamientos iban contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong tras la cual se escondían Saab y Pulido, la firma del mismo nombre que abrieron en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores a los que compraron los alimentos desde 2016, año en que se oficializó en Venezuela el programa de los CLAP.

Israel Lira, titular de la SEIDO, informó en su momento que se había acordado celebrar un “acuerdo reparatorio” con los involucrados.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos”, indicó.

Para ese momento Excélsior y Armando.Info ya habían revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited, mientras que la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había manifestado que dicha empresa “se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”. También se había documentado en un primer reportaje la mala calidad nutricional de los productos mexicanos contenidos en las cajas de las despensas CLAP, especialmente en el caso de la leche en polvo.

“Sin embargo, sucedió un hecho insólito, los empresarios y personas físicas denunciadas establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal porque, a pesar de que se detectó una irregularidad de 156 millones de dólares se les impuso una donación de sólo tres millones de dólares, y en lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la ACNUR. Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía General de la República”, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con Excélsior.

De acuerdo con información de la UIF y de empresarios mexicanos sancionados en octubre de 2018, fueron cuatro acuerdos reparatorios, en total, los que se establecieron.

El primer acuerdo reparatorio ocurrió el 12 de octubre de 2018.

Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans cancelaron cada uno 750 mil dólares para sumar los tres millones de dólares que irían a la ACNUR. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades mil 300 contenedores con alrededor de dos millones de despensas CLAP.

Empresarios de El Sardinero entrevistados por Excélsior aseguraron que ellos cumplieron con este acuerdo reparatorio, que pagaron su parte de la donación, que detuvieron su negocio con Venezuela y que entregaron las despensas a las autoridades de la Cancillería mexicana de la administración pasada.

Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó directamente a decomisar los contenedores marítimos y no la PGR, dependencia con la que se firmó este acuerdo, hecho que a los empresarios les pareció extraño, pero no lo cuestionaron.

Santiago Nieto destaca varios vicios en el acuerdo: “Primero, no se debió haber depositado a la ACNUR estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesorería de la Federación, como lo establece el Código de Procedimientos Penales cuando existe un acuerdo reparatorio; por ley que debe de ser así. También es ilegal que se haya acordado el decomiso de mil 300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela cuando, precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.

El 16 de octubre de 2018 la PGR acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en las despensas CLAP, una multa de sólo 120 mil dólares, que también debió abonarse a la ACNUR.

Un tercer acuerdo reparatorio se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que le impusieron una multa de poco más de 14 millones de pesos, también para ser destinados a la Acnur.

Un cuarto acuerdo reparatorio se firmó el 21 de noviembre de 2018.

En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los CLAP, una multa de 110 mil dólares.

En abril de 2018, días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial de mayo, en la que Nicolás Maduro se aseguró la reelección, proveedores mexicanos se reunieron con el propio Álvaro Pulido en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio.

Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, la registrada en Emiratos Árabes Unidos, y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es también una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los CLAP, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los CLAP, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando era encabezada por José Vielma Mora.

Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadunidense en julio de 2019.

“Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de La Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas. Hoy el chavismo califica a Saab como un “agente del gobierno” y reclama para él “inmunidad diplomática”, en un intento por evitar su extradición a Estados Unidos y a pesar de que durante años el empresario colombiano negó sus vínculos con Maduro.

Pero si los criterios de los acuerdos reparatorios son extraños… más aún que hayan sido descongeladas las cuentas bancarias.

A dos años de la denuncia de la UIF ante la PGR con folio DEN-UIF-40-2018, tres de las 14 empresas y personas físicas continúan bloqueadas del sistema financiero mexicano por vínculos con la red de despensas CLAP: Grupo Brandon SA de CV, Group Grand Limited SA de CV y Group Grand Limited Hong Kong.

De estas tres, Group Grand Limited SA de CV, vinculada a Alex Saab, ganó un amparo a la UIF y le fueron descongeladas dos cuentas bancarias en Scotiabank Inverlat.

Un día después de la detención del empresario colombiano Alex Saab (13 de junio), en Cabo Verde, África, y vinculado a Group Grand Limited, la cancillería venezolana lanzó un comunicado en el que el gobierno de Nicolás Maduro revelaba su estrecha relación con este personaje.

Dijo que Saab contaba con inmunidad diplomática como “agente” del gobierno venezolano y que era una figura fundamental para “garantizar el derecho a la alimentación, salud y otros derechos básicos” de Venezuela y que estaba de viaje en cumplimiento de funciones relacionadas con los CLAP”.

“Los principales problemas que hemos enfrentado en México, en este caso de las despensas CLAP, son el acuerdo reparatorio ilegal que estableció la PGR de la administración anterior, encabezada por Alberto Elías Beltrán, y el segundo, la jurisprudencia que impulsó exministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora para evitar que hubiera un congelamiento de cuentas por parte de la UIF en la que se establece que, si no hay una solicitud de carácter internacional, existe la posibilidad de desbloquear. Y aunque aquí sí existe la solicitud internacional, los jueces otorgaron el amparo”, reprochó Santiago Nieto.

El 7 de febrero de 2019, la juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia y determinó “amparar y proteger a la parte quejosa”, que era Andrés León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited (GGL).

Finalmente, el 11 de noviembre de 2019, Andrés León Rodríguez recibió el oficio de la UIF en el que esta dependencia manifestó haber cumplimentado la sentencia de amparo y desbloqueado las cuentas correspondientes.

En la actualidad, otras cuatro empresas mexicanas vinculadas a esta trama de los CLAP siguen el mismo camino que la GGL de Andrés León, que sus cuentas fueron congeladas en 2019 y que, a través de un amparo, están a punto de lograr su liberación: ILAS México SA de CV, B EMINENT INC DE MÉXICO SA de CV, Digrava SA de CV y Evaporadora y Secadora de Leches SA de CV.

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