Pensiones doradas: Jubilados acusan plan confiscatorio tras reforma al artículo 127
El proyecto es avalado en comisiones de la Cámara de Diputados; Morena afirma que es una exigencia legítima del pueblo
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 26 votos a favor el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución Política. Esta modificación establece un límite estricto a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, impactando principalmente al sector paraestatal.
El dictamen tiene como objetivo central acotar pensiones que la comisión calificó como “privilegios desproporcionados” que ofenden la hacienda pública.
La reforma estipula que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas (como Pemex y CFE), sociedades de crédito y fideicomisos públicos no podrán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal.
Además de la sostenibilidad financiera, la reforma introduce un cambio simbólico de gran calado: el uso de lenguaje inclusivo y paritario. A partir de ahora, el texto constitucional sustituirá “Presidente de la República” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y “servidor público” por “persona servidora pública”.
Los casos que quedan excluidos de la reforma a las pensiones
El proyecto aclara que quedan excluidas de este tope las Fuerzas Armadas, así como las pensiones constituidas por aportaciones voluntarias (SAR), ahorros complementarios sindicales y la pensión no contributiva para adultos mayores.
Sin embargo, el punto más polémico reside en el régimen transitorio. El decreto establece que las pensiones ya vigentes deberán ajustarse al nuevo límite, lo que generó acusaciones de violación al principio de no retroactividad.
Jubilados de Pemex, CFE y Nacional Financiera acusan que se vulneran sus derechos
Representantes de jubilados de Pemex, CFE y Nacional Financiera acudieron al recinto para advertir que la medida es “confiscatoria” y vulnera los derechos de quienes dedicaron décadas al sector energético.
Durante el debate, las posturas reflejaron la división sobre la ejecución de la medida.
Morena y aliados defendieron la reforma como una “exigencia legítima del pueblo”. El diputado Mario Miguel Carrillo aseguró que no se afecta al personal de base y que los haberes de retiro reconocidos se conservarán.
PAN, PRI y MC, si bien coincidieron en combatir los excesos de “sexenios de oportunidad”, advirtieron sobre los riesgos jurídicos.
*mcam
