PAN va por cadena perpetua a narcopolíticos; pide penas de hasta 140 años

Para poner punto final a la colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado, el Partido Acción Nacional propone llevar a cadena perpetua, o prisión de por vida, a los llamados “narcopolíticos” y convertir en delito la colusión de funcionarios públicos con organizaciones criminales, con penas de hasta 140 años de cárcel e imprescriptibilidad.

Punto final a la era de los Rocha Moyas, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, planteó el coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, al señalar que el combate a estos vínculos no puede terminar simplemente con licencias o separaciones de cargos, sino con sanciones ejemplares.

El legislador yucateco sostuvo que, si realmente se pretende terminar con la narcopolítica, los responsables no pueden conservar su libertad.

Para que termine la era de los narcopolíticos y los Rocha Moyas, no puede concluir con impunidad, no puede acabar con Rocha Moya y los otros cómplices de diferentes gobiernos gozando de su libertad”, afirmó.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el diputado de Acción Nacional, José Hinojosa, explicó que la propuesta busca que las alianzas entre funcionarios y grupos del crimen organizado sean sancionadas como delito y consideradas equiparables a la “traición a la patria”, cuando impliquen utilizar las instituciones del Estado en beneficio de organizaciones criminales.

La reforma alcanzaría al titular del Ejecutivo Federal, gobernadores y otros titulares de los poderes ejecutivos federal y estatales, así como a secretarios federales o estatales, integrantes de la Fiscalía General de la República y fiscalías locales, además del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siempre que participen o colaboren con integrantes del crimen organizado.

Lixa explicó que existen distintas maneras de establecer una pena de cadena perpetua. Una sería denominarla expresamente de esa forma; la otra, que es la vía planteada por el PAN, consiste en imponer una pena máxima de entre 80 y 140 años, que en la práctica, impediría que el responsable vuelva a recuperar su libertad.

Yo no sé quién pueda sobrevivir a 80 a 140 años de cárcel”, ironizó.

Si existe una persona, quien sea, que haya utilizado las estructuras del gobierno para servir a los criminales, esa persona tiene que estar tras las rejas el resto de su vida”, sentenció.

La iniciativa también contempla sancionar a integrantes del crimen organizado que atenten contra las instituciones democráticas mediante actos destinados a influir en las decisiones de los poderes del Estado o que busquen incidir en los resultados de una elección popular.

Además, plantea investigar y sancionar la conducta de colusión conforme a las disposiciones propuestas y a los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El coordinador panista reconoció que, por la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, el PAN no cuenta por sí solo con los votos necesarios para sacar adelante la reforma, pero advirtió que cada legislador tendrá que asumir una posición.

Cada diputado deberá elegir de qué lado de la historia está”, afirmó.

Lixa sostuvo que la situación en Sinaloa y los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios deben ser un punto de partida para discutir sanciones de fondo, y cuestionó que la respuesta política se limite a licencias o movimientos parlamentarios.

Hoy de poco sirve decir que obligaron a Rocha Moya nuevamente a pedir licencia o que Inzunza ya no es parte de su grupo parlamentario. Es que la podredumbre ha llegado a lo más alto de las estructuras de este gobierno”, acusó.

 "Quién dijo miedo"

Ante la posibilidad de que el endurecimiento de la postura panista genere nuevas investigaciones o acciones contra integrantes de su propio partido, Lixa rechazó que exista temor.

No me hablen de miedo, aquí miedo no van a encontrar (…); vamos a hablar de frente porque no le tenemos miedo a la verdad”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que en México la justicia se aplica con doble racero. Dijo que mientras el “ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es un preso político, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sigue libre, a pesar de los señalamientos de nexos con Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.