Gobierno y Morena urgen filtros para sus candidatos contra la “narcopolítica”

Morena explora filtros para depurar sus candidaturas por razones de seguridad y autoprotección política, bajo la presión de Trump contra la “narcopolítica”. El gobierno y la dirección partidista usan la probidad como filtro, pero ese proceso también puede centralizar el control y agravar disputas internas.

Una señal de ello fue el final del mensaje del Segundo Informe: Claudia Sheinbaum recordó a Morena que el poder se ejerce con honradez, en medio de choques internos por aspirantes envueltos en escándalos que buscan llegar al Congreso —como Andy López Beltrán— y otros reelegirse. Al mismo tiempo, intentó zanjar la idea de que expedientes o retiros de visas estadunidenses provoquen divisiones o rupturas con el fundador del movimiento, López Obrador.

La batalla por el 2027 ya comenzó. La Presidenta marca límites a los focos de corrupción en el reparto de candidaturas y Morena intenta filtrar un terreno donde han prosperado prácticas ilegales de soborno y el tráfico de influencias. Es el reconocimiento de un riesgo minimizado durante años: el ascenso de figuras que aportan popularidad y millones a las campañas, pero ocultan vínculos inconfesables con empresarios, políticos u operadores del crimen interesados en acceder a puestos públicos a través de ellas. Pero el acoso de Trump con el discurso de “narcopolítica” elevó el costo político de una candidatura cuestionable. Un gobernador bajo sospecha ya no sólo pone en riesgo una elección: puede convertirse en un expediente político contra Morena, abrir otro frente con EU y alimentar la narrativa opositora en línea con su gobierno.

Por eso la cuestión ya no es si esa acusación daña a Morena, sino cuánto puede erosionar su respaldo electoral e incluso descarrilar su movimiento. De ahí su urgencia por sacar las candidaturas de las redes informales que han dominado la operación política durante el obradorismo, cuando el control de las listas funcionó casi como coto familiar manejado por López Obrador y sus allegados más cercanos, incluido su hijo Andy. Morena conquistó el mapa político en tiempo récord, pero su expansión multiplicó la exposición de sus figuras. La política de “puertas abiertas” de López Obrador incorporó perfiles sin suficiente escrutinio y dudosas procedencias. El resultado fue una red creciente de intereses políticos, familiares y empresariales alrededor del poder; algunos señalados por beneficiarse de contratos públicos —como Amílcar Olán, del círculo de amigos de Andy— o por llegar a explotar negocios ilegales como el huachicol fiscal.

Quieren corregir la madre de la corrupción política con nuevas reglas cuando el partido entra en una fase riesgosa por sus inercias de expansión. La popularidad ya no bastará para obtenerlas: la probidad empieza a operar como filtro político, incluso para la reelección. Rosa Icela Rodríguez lo resumió así: ninguna aspiración está por encima de la estabilidad, la soberanía o la unidad del movimiento. Pero queda una pregunta difícil: ¿quién definirá la frontera ética y con qué criterios se decidirá quién compite y quién se queda fuera?

Ahí estará una de las batallas reales de 2027. Depurar candidaturas puede proteger al gobierno y a Morena de nuevos escándalos, pero también servir para que Sheinbaum desplace las redes del viejo poder obradorista en un Congreso que le ha servido a medias y avanzar en el poder de ciudades y estados. Las elecciones de 2027 serán su primer gran examen electoral y medirán si puede ejercer liderazgo y disciplina propia sobre el movimiento. Morena pondrá en juego su mayoría legislativa y buena parte de su dominio territorial, en una contienda donde la selección de candidatos será tan decisiva como la campaña.

Sheinbaum ya está en modo electoral. Su informe abrió una gira nacional y la disputa por gubernaturas empezó a perfilarse con algunos destapes anticipados. La selección será una prueba de fuerza entre su liderazgo, gobernadores, grupos locales y corrientes divergentes con influencia en el partido. La agenda legislativa también es parte de esa batalla. El paquete anticorrupción y la regulación de doble nacionalidad servirán para frenar aspiraciones internas y, sobre todo, de adversarios políticos, con el relato que llegará a las urnas: continuidad de la 4T y defensa de la soberanía, ahora bajo el liderazgo de Sheinbaum.

El desafío será probar que esos principios sobreviven al reparto de candidaturas. Si la probidad excluye a perfiles cuestionados, habrá nuevas reglas; si se usa para desplazar adversarios, proteger aliados y reorganizar el poder interno, la “frontera ética” será sólo otro lenguaje de la lucha partidista.