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Nacional

Opositores frenan la reforma militar; legisladores resistieron la presión

Al no amarrar los 9 votos que necesitaba para aprobarla, Morena regresó a comisiones la reforma que extiende a 2028 la labor del Ejército en seguridad pública

LETICIA ROBLES DE LA ROSA | 22-09-2022
Los senadores Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal y Geovanna Bañuelos, durante la sesión ayer en la que se discutió aprobar o no la ampliación de tareas del Ejército en materia de seguridad pública. Foto: Elizabeth Velázquez.

El bloque opositor en el Senado resistió y evitó, de momento, la aprobación de la reforma constitucional que amplía a 2028 el apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Aunque la noche del martes las cuentas de Morena indicaban que podía alcanzar los votos necesarios para la mayoría calificada, gracias a que algunos priistas como Mario Zamora y Claudia Anaya aceptaron acompañar la reforma, ayer ambos legisladores retomaron su postura de rechazo y el panorama se complicó para el oficialismo.

Esto, pese a los cabildeos directos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y, de acuerdo con el emecista Dante Delgado, también de los secretarios de la Defensa y de la Marina.

Los morenistas se enteraron que les faltarían votos cuando inició la sesión, a la que acudieron 127 senadores: 76 de ellos y sus aliados, y 51 opositores, por lo que la mayoría calificada era de 85 legisladores. Es decir, se quedaron nueve votos por debajo del mínimo requerido para que la reforma pasara.

Ante el riesgo de que el dictamen fuera rechazado por el pleno del Senado, los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, ambos de Morena, solicitaron retirar el dictamen para regresarlo a su análisis en las propias comisiones, lo que se logró gracias a la mayoría simple del oficialismo. Ahora, se tienen diez días para presentar un nuevo dictamen.

Frenan la reforma al Ejército

El dictamen que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 fue regresado a comisiones.

La mayoría de los integrantes del bloque opositor en el Senado resistieron a la presión y frenaron la reforma para que las Fuerzas Armadas se mantengan en auxilio de la seguridad pública hasta 2028, pues al menos dos de los legisladores que habían aceptado la noche del martes acompañarla, en la mañana de este miércoles decidieron regresar al voto en contra.

Para evitar que el tema se muera como consecuencia de un voto en contra, al no tener la mayoría calificada, los presidentes de las comisiones unidas, ambos de Morena, solicitaron retirar el dictamen para regresarlo a su análisis y discusión en las propias comisiones, a propuesta de su líder, Ricardo Monreal.

La ausencia de la senadora panista Indira Rosales, despertó la sospecha entre los integrantes del grupo opositor de que contaba como un voto en favor de la reforma, que formalmente es autoría de diputados federales del PRI, pero que fue promovida y cabildeada intensamente por el gobierno federal, gobernadores y hasta el embajador en España, Quirino Ordaz.

Pero la ratificación del voto en contra de Mario Zamora y de Claudia Anaya, del PRI, provocó que Morena se quedara sin los votos para aprobarla, pese a la presión que ejerció directamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien desde un hotel frente al Senado y después en las propias instalaciones del Senado, sostuvo reuniones con diversos senadores, entre ellos Mario Zamora y los integrantes del Partido Verde.

En esta operación de búsqueda de votos, dijo el emecista Dante Delgado, no sólo operó el secretario de Gobernación.

“Se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables para agraviar, ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores que integramos este bloque.

“Y lo quiero subrayar de manera muy clara, a pesar de todo lo que hicieron, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, no lograron su propósito”, destacó.

De manera oficial, en la sesión de ayer estuvieron presentes 127 senadores, de los cuales 76 era del bloque oficialista integrado por Morena, Partido Verde, PT y PES, con la reciente incorporación del expanista Raúl Paz, mientras que los 52 opositores tuvieron un voto menos:  la panista Indira Rosales, por lo que había 51 de ellos.

Así, la mayoría calificada para aprobar la reforma requería 85 votos; es decir, estuvieron 9 por debajo del voto requerido para la mayoría calificada y los votos que la noche del martes tenían seguros les fueron insuficientes. Incluso si se concretaba el voto de los cinco priistas que ya habían aceptado votar en favor, los dejaban a seis de distancia; por eso es que el grupo de cinco priistas que estaban dispuestos a respaldar, con la condicionante de que Morena y el gobierno federal aceptaran la reforma paralela que elaboró la sonorense Sylvana Beltrones, les resultaron insuficientes, porque tres priistas se mantuvieron en todo momento en contra: Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong.

Como Excélsior lo informó ayer, la noche del martes el bloque oficialista tenía la seguridad de tener 10 de los 11 votos que necesitaba originalmente y tenía confianza de lograr el que le hacía falta, pero dos senadores que habían aceptado acompañarla, a cambio de que se aceptara la iniciativa alterna, cambiaron su posición la mañana de ayer.

Alrededor de las 11 de la mañana, ya iniciada la sesión y después de que la mayoría oficialista rechazó la moción suspensiva presentada por el PAN, los morenistas y sus aliados fueron informados de que les faltaban los votos.

Fue evidente el ir y venir de Ricardo Monreal entre el salón de plenos y su oficina, mientras diversos senadores comenzaron a ser informados de que se iba a pedir suspender el proceso legislativo para regresar el dictamen a comisiones.

La oposición estalló de júbilo, porque sabía que el debilitamiento de su unidad, con el cual se fueron a dormir, se convirtió nuevamente en una unidad lo suficientemente fuerte para contener una reforma constitucional; sin embargo, como explicaron las panistas Xóchitl Gálvez, Kenia López y los senadores Damián Zepeda y Juan Zepeda, era necesario ir ahora por la aprobación de una vez, a fin de matar el tema, pero Morena leyó el cambio de posición y operó para que se procediera a retirar el tema, a pesar de que ya se había abierto el proceso legislativo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, presentó a las 12:37 una petición para retirar el dictamen, pero no tenía las firmas exigidas reglamentariamente; fue necesario dejar que corriera el proceso legislativo hasta que todas las fuerzas políticas fijaran posición hasta que logró recabar las firmas de la mayoría absoluta en ambas comisiones para validar la petición, que ingresó a las 14:26 horas y se firmó por ocho integrantes de Puntos Constitucionales y ocho de Estudios Legislativos Segunda.

La oposición argumentó que el procedimiento era incorrecto. Clemente Castañeda, Noé Castañón, Germán Martínez y Damián Zepeda aseguraron que el oficio válido era el de las 12:37 y que a pregunta expresa de Clemente Castañeda, el propio presidente del Senado había aceptado que tenía en su poder esa petición.

Pero Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, les explicó que el primer oficio carecía de las firmas y, por lo tanto, no le dio trámite oficial.

El artículo 66 del Reglamento del Senado, dijo, lo faculta para verificar que la petición tenga la firma de la mayoría; por lo tanto, es el segundo oficio, de las 14:26 horas, el único válido, porque fue al que le dio trámite.

“Con apego al artículo 66, fracción II, es que no le dimos trámite en virtud de lo cual nuestra conducción ha sido con estricto apego a la ley. Nosotros somos respetuosos de las opiniones que se expresan en el Senado de la República porque entendemos que nuestra principal función es procurar la inviolabilidad de los derechos que ustedes tienen”, dijo.

Al final, la mayoría oficialista, en votación económica a mano alzada, aceptó que se retirara el dictamen, que al regresar a Comisiones Unidas deberá ser analizado nuevamente, para lo cual las comisiones contarán con 10 días hábiles, como máximo, para presentar el nuevo dictamen ante el pleno.

 

 

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